BRUJULA CIUDADANA Ciudadanía activa y enérgica | Page 9
1) L a
difícil ruta hacia el empoderamiento ciudadano
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el Estado y la población. Las pocas que lo
hacen responden a una demanda surgida del
propio Estado que prefirió subrogar servicios
a terceros para evitar asumirlos directamente
por no tener las capacidades, el conocimien-
to, ni suficientes recursos para prestarlos.
Fue el caso de los proyectos en materia de
prevención social de las violencias en la ad-
ministración de Enrique Peña Nieto o bien,
los albergues para poblaciones migrantes, los
refugios para mujeres y familias sujetas de
violencia doméstica, o las estancias infantiles
del IMSS para bajar costos.
También es cierto que fundaciones de filan-
tropía empresarial fueron objeto de grandes
transferencias de recursos del Estado como
el Teletón, el proyecto de Coros y Orquestas
juveniles del Grupo Azteca o el de La Ciudad
de las Ideas. Las transferencias de recursos
públicos realizadas individualmente hacia esas
organizaciones que superan los 500 millones
de pesos a cada una, se comparan con los
escasos 208 millones de pesos del Fondo
de Coinversión Social distribuido en 2018
por INDESOL a menos de 1000 pequeñas
organizaciones civiles. Estas se encuentran
entre los miles de organizaciones distribuidas
en todo el territorio nacional que ofrecen
servicios de albergue, alimentación, asesoría
jurídica y sicológica, actividades recreativas,
culturales y deportivas, educación y capaci-
tación a niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
mujeres, personas mayores, con discapacidad
o adictas, población LGTBI, poblaciones en si-
tuación de calle, pueblos originarios o brindan
acompañamiento y apoyo a miles de víctimas
de las violencias. Son las organizaciones que
desaparecerán con las medidas adoptadas
por el actual gobierno. Sus actividades nunca
podrán ser suplidas con servicios del Estado
porque tienen un alto contenido de entrega,
trabajo voluntario y experiencia acumulada
dirigida hacia poblaciones históricamente ex-
cluidas y discriminadas.
En los últimos años han
surgido varias organizaciones
con gran protagonismo que
utilizan nuevas herramientas
y metodologías esencialmente
cuantitativas, dada su
capacidad económica para
atraer jóvenes con posgrados
del exterior y que si bien,
hacen incidencia en políticas
públicas, también ofrecen
servicios de consultoría y
reciben apoyo económico
de empresarios e incluso, de
instituciones del Estado.