BRUJULA CIUDADANA Ciudadanía activa y enérgica | Page 15

1) L a
difícil ruta hacia el empoderamiento ciudadano
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pación se orienta o dirige principalmente a la
consulta, el diálogo, la decisión o la vigilancia.
No toda participación debería ser institu-
cionalizada, pero la participación ciudadana
(como fue definida anteriormente) tendría
que ser claramente diseñada para que su
incidencia en lo público sea eficaz.
Modelos, diseños y experiencias
nacionales e internacionales
A partir de la necesidad de modificar radi-
calmente los modos de relación sociedad-Es-
tado, urge construir un diálogo nacional que
implique a todos los poderes de los tres
ámbitos del Estado mexicano. Seguramente
habrá mecanismos de participación que serán
reformados o cancelados, otros se deberían
articular entre niveles o áreas, mientras que
se deberá crear otros nuevos.
Mientras eso se lleva a cabo, es necesaria la
documentación y análisis de la rica y hetero-
génea experiencia nacional e internacional.
Para ir avanzando en ideas concretas en este
sentido, se presentan cuatro ejemplos de
potenciales innovaciones que podrían formar
parte de esa Política Nacional.
En primer lugar, a partir de la experiencia
brasileña ya de varios lustros, convendría cons-
truir en ciertas áreas de política pública clave
un sistema de Consejos gestores de política
pública donde la ciudadanía incida mediante
mecanismos de decisión y vigilancia de di-
chas áreas de política pública. Los Consejos
deberían integrarse a sistemas nacionales de
política construidos desde abajo, partiendo
de los municipios a la federación, pasando
por los estados. Así mismo, estos Consejos
gestores se entrelazarían con Conferencias
temáticas, entendidas como espacios cíclicos
(bianuales, por ejemplo) de consulta abierta
al conjunto de la población para incorporar
las perspectivas más diversas de los diversos
sectores de la sociedad (véase, Isunza, 2013).
Una segunda área de participación ciuda-
dana que podría reformularse es la que se
dedica al control y supervisión de las obras
y servicios provistos por el poder público.
La llamada “contraloría social” debería re-
formarse a fondo, para superar su historia
reciente que ha devenido en una simulación
estéril. Debería recuperarse su fuerza de
vigilancia social con consecuencias, amplian-
do su campo de acción más allá de algunas
políticas sociales predefinidas, y más allá de
los “beneficiarios” de los programas. La con-
traloría social reestructurada podría articular
a cualquier ciudadano interesado en vigilar la
provisión de bienes y servicios, generar infor-
mación y acción que sea tomada en cuenta
por la administración pública para su mejora,
y engarzar sus acciones e informaciones a los