BRUJULA CIUDADANA Ciudadanía activa y enérgica | Page 16
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varios sistemas de control interno con las que
cuenta el Estado mexicano. En términos de
experiencias internacionales, esta nueva fase
de la contraloría social mexicana aprendería
de las llamadas “auditorías sociales”, como el
caso de las veedurías colombianas.
En tercer lugar, aprovechando el ejemplo de
ciudades latinoamericanas con larga experien-
cia, debería adoptarse el modelo del Plan de
metas. A partir de 2008, la ciudad brasileña
de São Paulo, decidió que el alcalde electo
debería “traducir” su plataforma electoral en
un plan de gobierno aterrizado en programas,
proyectos y acciones, que deben materiali-
zarse en metas cuantificables. Y pueden me-
dirse si se expresan como metas los bienes
y servicios concretos que se implementarán
en un tiempo y espacio determinados (“en
tal semestre, en tal barrio o colonia”). Esto
no sólo es la base de una planificación y
control democrático de la gestión mediante
las herramientas del gobierno representativo,
sino que permite que la información de las
acciones del poder público esté expresada en
términos que la ciudadanía puede claramente
supervisar.
En cuarto lugar, las potencialidades ciudada-
nas de tomar parte en los asuntos públicos
pueden multiplicar sus resultados si se utilizan
plataformas digitales que integren modos
virtuales y presenciales de participación. Ade-
más, las infraestructuras digitales permiten
organizar múltiples y heterogéneas iniciativas
y propuestas, ordenando la información y ha-
ciendo posible la trazabilidad de esas múltiples
energías y datos. Un ejemplo de referencia es
la plataforma digital para la participación de-
mocrática “Decidim Barcelona” (https://www.
decidim.barcelona), cuya versión adecuada
al país ya ha sido probada en el caso de los
ayuntamientos de Veracruz (https://decide.
veracruzmunicipio.gob.mx) y Mérida (https://
decide.merida.gob.mx), y muy posiblemente
también sucederá en la Ciudad de México.
Estas cuatro maneras de relación sociedad-Es-
tado apuntan a horizontes de innovación. No
se trata de imponer prácticas o esquemas
de manera automática y sin análisis de su
viabilidad. Por el contrario, se debería partir
de acuerdos básicos para implementar ex-
periencias piloto que formen parte de una
Política nacional de participación ciudadana,
para que esas experiencias acompañadas y
evaluadas, sirvan de insumo para su ajuste y
ampliación a nuevos espacios y escalas que
den lugar a una auténtica Política nacional.
A modo de conclusión
El actual gobierno federal tiene la oportunidad
de encabezar una transformación de régimen
si apuesta por la formulación de nuevos mo-