Guerra y justicia en la sociedad colombiana sentencia estableció que los paramilitares desmovilizados debían decir toda la verdad desde su primera versión libre si querían obtener el beneficio de la pena alternativa de cinco a ocho años. La segunda fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se rechazó la posibilidad de darle tratamiento de delito político a los crímenes cometidos por paramilitares. Así, se impidió cualquier posibilidad de indulto o de que se los juzgase por sedición y no por concierto para delinquir. 145
A partir de estas sentencias, lo que antes había sido un debate político sobre el estatus de los paramilitares y sus relaciones con la clase política se trasladaría progresivamente hacia las arenas judiciales. Los paramilitares modificaron también su estrategia de legitimación ante la sociedad y el Estado; pasaron de hacer una autorrepresentación como héroes que salvaron al país de la guerrilla a mostrarse como delincuentes arrepentidos, dispuestos a colaborar con la justicia. Este giro se hizo con el fin de obtener un trato más benigno, y figurar ante la opinión pública como
145. Radicado 26945, Corte Suprema de Justicia de Colombia. Estas decisiones motivaron una respuesta airada del Ejecutivo contra las altas cortes, a quienes acusó de entorpecer el proceso de desmovilización y estar sesgadas en sus decisiones. En lo sucesivo, la tensión entre el Ejecutivo y el poder Judicial, y en particular con la Corte Suprema, se incrementaría con la judicialización de los parapolíticos, pues el Gobierno, en cabeza del propio presidente Uribe, optó por defender a los miembros de la coalición procesados y atacar las decisiones judiciales. La tensión fue tan grave que hoy en día la justicia investiga indicios de complots orquestados desde el propio Ejecutivo que involucran a paramilitares con los que se pretendía enlodar el nombre de funcionarios judiciales que jugaron un rol fundamental en la investigación de la parapolítica, como fue el caso del magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Iván Velásquez. Entre estos presuntos complots está la carta de alias Tasmania a Uribe Vélez en la que le confesaba que el magistrado Velásquez le había ofrecido beneficios jurídicos a cambio de que involucrara al propio presidente en el escándalo de la parapolítica. El mismo Tasmania se retractó de esta confesión, y dejó claro que lo había hecho porque su abogado le había dicho que Santiago y Mario Uribe, hermano y primo del presidente respectivamente, lo ayudarían si lo hacía. También hace parte de esta lista de presuntos complots la visita del paramilitar alias Job a la Casa de Nariño que la justicia continúa investigando. Estas tensiones indudablemente contribuyeron a que la justicia protagónica entendiera y se afianzara en su actitud de resistencia a los procesos de reconfiguración cooptada del Estado que estaban en curso. Claudia López y Óscar Sevillano,“ Balance político de la parapolítica”, en López, Y refundaron la patria. actores secundarios de un proyecto político, económico y social en el que participaron políticos, empresarios y militares a los que estaban dispuestos a incriminar.
Pero además de este cambio de la posición de los paramilitares dentro de Justicia y Paz se inició un tercer proceso, netamente judicial, que contribuyó a desatar el escándalo de la parapolítica. El hallazgo del computador de Édgar Ignacio Fierro Flórez alias Don Antonio, un jefe paramilitar del Bloque Norte de las auc, reveló informaciones sobre las alianzas de los paramilitares con políticos y funcionarios del Estado. Esta evidencia permitió iniciar las indagaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía. Adicionalmente, las revelaciones de Rafael García, exjefe de informática del das, también fueron esenciales para desentrañar el alcance y los responsables de la cooptación de esa institución. Un tercer insumo que permitió el despegue de las investigaciones por parapolítica fue la revelación que hizo el entonces senador Miguel de la Espriella, al parecer presionado por Salvatore Mancuso, del Pacto de Ralito. Según este documento, más de 32 políticos de la región de Córdoba, entre ellos cinco congresistas, quedaban seriamente comprometidos con los paramilitares. 146
Los parapolíticos, quienes volcaron buena parte de su capital social y económico en la defensa dentro del proceso, acarrearon enormes desafíos para la justicia, y terminaron por fortalecer sus capacidades institucionales, particularmente las de la justicia protagónica, que ha sido la más eficiente en afrontar el fenómeno. En otros términos, la justicia colombiana no es la misma antes y después de la parapolítica.
El primero de estos desafíos hechos a la justicia fue el intento de los congresistas involucrados de renunciar al cargo para que no los investigara la Corte Suprema de Justicia, sino órganos de menor jerarquía. Esto les permitiría utilizar las debilidades estructurales de estos últimos a su favor, como de hecho ocurrió en algunos casos. 147 Si bien la Corte en un
146. Grajales,“ El proceso de desmovilización de los paramilitares”. 147. La Corte Suprema entró a revisar dos sentencias absolutorias a los excongresistas William Montes y Jairo Merlano, y condenó al excongresista Luis Humberto Gómez
253