INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica
En segundo lugar, la justicia transicional representa un reto enorme por las implicaciones que tendría no reversar el despojo. Reparar integralmente el daño causado por este flagelo y sancionar a sus responsables, además de ser un imperativo ético y jurídico, es también la forma de recuperar la confianza de las víctimas en el Estado y sentar así las bases de la reconciliación. No hacerlo significaría validar el poder acumulado y las fortunas construidas a costa del sufrimiento y la muerte de las víctimas, y aceptar que la violencia es un medio legítimo para hacerse con la propiedad de la tierra. 131
En tercer lugar, la justicia transicional colombiana tiene el crucial desafío de hacer frente a la exclusión histórica de comunidades étnicas que han sido particularmente vulnerables a la violencia del conflicto y a los perversos efectos indirectos de la confrontación armada. En este sentido, aunque el proceso de materialización del derecho de consulta previa en el caso de comunidades afrodescendientes ha tenido muchos problemas— a tal punto que el decreto expedido( Decreto Ley 4635 del 2011) fue objeto de una demanda de constitucionalidad todavía no fallada por la Corte precisamente por falta de consulta previa— el mismo proceso en el caso de pueblos y comunidades indígenas puede considerarse un avance notable desde por lo menos dos puntos de vista. Por un lado, el proceso de concertación entre indígenas y Gobierno avanzó en la construcción de una metodología consistente para llevar a cabo consultas previas libres, informadas y ajustadas temporalmente en los casos de medidas legislativas y no de proyectos económicos particulares. Por el otro, y como resultado de dicha concertación, en el Decreto Ley 4633 del 2011 quedaron consagrados principios que recogen de manera relativamente satisfactoria demandas esenciales de las comunidades y pueblos indígenas. Entre otras, el decreto aborda temas como las garantías de pervivencia física y cultural; el respeto a la Ley de Origen, Ley Natural, Derecho Mayor o Derecho Propio; la garantía de los derechos fundamentales al territorio; el reconocimiento de las formas particulares
131. Alejandro Reyes,“ Restitución de tierras y reordenamiento de la propiedad agraria”, Razón pública, consultado el 1 de junio del 2013, http:// www. razonpublica. com / index. php / politica-y-gobierno-temas-27 / de victimización a las que han estado expuestos por su identidad étnica; y la caracterización eminente aunque no exclusivamente colectiva de sus daños y exigencias. Para dar cumplimiento a esos principios se han creado nuevas medidas de protección de territorios, comunidades y de la autonomía de los Gobiernos indígenas. Estas nuevas garantías buscan contribuir a la ampliación del alcance de la justicia transicional, particularmente cuando se trata de vulneraciones cometidas contra comunidades étnicas históricamente excluidas. 132
Como cuarto punto es necesario considerar el reto que significa poner en marcha un esquema de justicia transicional civil, debido a la dificultad de lograr un funcionamiento adecuado del aparato de justicia en el marco de la política de restitución de tierras. Estas complicaciones son de diversa índole: de seguridad, de capacidad institucional, procesales, probatorias y de apoyo y coordinación del Ejecutivo en relación con las actuaciones de la justicia.
En cuanto a la seguridad, el desafío consiste en garantizarle a los jueces y magistrados de restitución de tierras, a los líderes y demandantes las condiciones necesarias para que realicen su labor y participen en los procesos sin temor a represalias. Resulta imprescindible neutralizar las acciones de los llamados ejércitos antirrestitución. 133
En lo que se refiere a la capacidad institucional, se requiere brindarle a los funcionarios judiciales en las diferentes regiones las herramientas y el apoyo necesario para que puedan dictar sentencias con todos los elementos de juicio requeridos. Esto implica fortalecer los mecanismos de acceso a la información, las capacidades técnicas de los jueces y los canales de comunicación con otras entidades.
132. Natalia Orduz y César Rodríguez, La Consulta previa: dilemas y soluciones. Lecciones del proceso de construcción del decreto de reparación y restitución de tierras para pueblos indígenas en Colombia( Bogotá: Dejusticia, 2012). 133. Véase:“ Piden a Santos acciones contra ejércitos anti-restitución”, El Espectador, 29 de noviembre del 2012, consultado el 2 de junio del 2013, http:// www. elespectador. com / noticias / politica / articulo-389813-piden-santos-acciones-concretas-contraejercitos-anti-restitucio.
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