ha sido objeto de instrumentalización por parte de los actores armados, que creen ciegamente en el poder de las armas y que a menudo ven en la lucha armada más un principio que una opción
La guerra ha sido también el recurso para impedir la democracia y la violencia el medio para acallar a críticos y opositores, para impedir la denuncia y evitar justos reclamos y transformaciones. Así lo demuestran los testimonios de hombres y mujeres registrados en los informes de San Carlos, La Comuna 13, Segovia y Remedios, Mujeres que hacen historia 15 y el de tierras en la costa caribe. Por esa razón, los informes abundan en nombres de líderes políticos, cívicos, sindicales, campesinos, comunales y religiosos, de servidores públicos que cumplían con labores judiciales, de control o de vigilancia, o que desempeñaban decentemente sus funciones, de periodistas, de activistas de derechos humanos, de maestros y maestras, de jóvenes emprendedores de iniciativas culturales y ambientales, asesinados, amenazados o perseguidos por desempeñar esos roles en la sociedad. La memoria de la guerra es la memoria de un déficit de ciudadanía y de democracia, de un uso arbitrario y maniqueo de los mecanismos de participación y decisión, pues se reclama la democracia cuando favorece posturas e intereses propios y se atenta contra ella cuando reconoce los intereses y derechos de los otros.
La precariedad democrática se expresa también en la primacía de las salidas represivas y militares para abordar los conflictos sociales derivados de los reclamos de la población frente a la desigualdad, la corrupción, el racismo, la pobreza y la exclusión. A las protestas ciudadanas, como se sustenta en el capítulo 3, se suele responder con tratamientos represivos, y los reclamos sociales son tratados como problemas de orden público. De este modo, la violencia y la represión desplegadas por los organismos militares y sociales siembran una profunda desconfianza en las instituciones y alimentan la noción de que solo por la fuerza y por las armas es posible obtener derechos y mejorar las condiciones económicas. Históricamente han sido escasas las respuestas del Estado que apuntan a
15. gmh, Mujeres que hacen historia. Tierra cuerpo y política en el Caribe colombiano( Bogotá: Taurus / Semana, 2011). establecer reformas políticas y medidas económicas que transformen la fuente de los problemas, muchos de ellos relacionados con la corrupción, pero especialmente con la vergonzosa inequidad que hace de este país como uno de los más desiguales del mundo.
Ahora bien, el miedo a la democracia no es un asunto que se limita a quienes detentan el poder. Con igual virulencia se extiende a los contradictores armados y anida incluso en fuerzas disidentes que se inscriben en las normas de la controversia civilista.
La justicia y la guerra
Nuestra justicia, y en particular nuestra justicia penal, como se expone en el capítulo 3, es incomprensible sin la guerra, pues la primera, a pesar de su relativa independencia y credibilidad entre las instituciones del Estado, ha sido parcialmente configurada tanto por cuenta de actores armados específicos que en determinados momentos han optado por vincular el sistema de justicia a sus estrategias armadas— por la vía de la captura, la instrumentalización, la victimización o la limitación violenta de su funcionamiento— o por cuenta de la dinámica compleja del conflicto armado colombiano, que indujo la creación de diseños institucionales, algunos perversos, para enfrentar lo que en cada momento fue considerado como la más grave amenaza. A la vez, sin embargo, nuestra guerra es incomprensible sin la justicia, pues buena parte de su sentido general y de sus mecanismos estratégicos se han encauzado en los espacios y los lenguajes de la justicia.
El capítulo de 3 muestra los avances, contradicciones y limitaciones de la justicia para afrontar el conflicto armado. Señala con particular énfasis los terribles costos que para la democracia significó la legalización de formas de justicia privada, la instrumentalización del sistema judicial con fines bélicos y la injerencia de organismos militares tanto en procesos judiciales adelantados contra civiles como en el juzgamiento de graves violaciones presuntamente cometidas por miembros de la Fuerza Pública.
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