Los informes ilustraron las violentas y fraudulentas acciones de las élites y de los poderes regionales y nacionales para impedir que se concretaran los esfuerzos institucionales, promovidos por el mismo Estado, en aras de redistribuir o transformar los patrones inequitativos e improductivos sobre la tierra. A las reformas agrarias y a los intentos por democratizar la tenencia de tierras o de restituir a quienes han sido despojados, tanto en el pasado como en el presente, se han opuesto de manera fraudulenta los sectores que han fundado en la tierra su poder económico y político, por medio de artilugios jurídicos y métodos violentos, incluyendo el asesinato de dirigentes y la persecución a quienes integran las organizaciones campesinas. Sin embargo, el informe sobre tierras en la costa caribe también ilustra que, en medio de ese arrasamiento, las organizaciones campesinas siguen reivindicando sus legítimos anhelos por acceder a la tierra y por contar con condiciones seguras para trabajarla y vivir dignamente. Además, continuamente dan muestras de su capacidad para lograr un país que reconozca en el campo y en su gente a sujetos con derechos y con un enorme potencial para superar las crisis y aportar a un desarrollo incluyente y sostenible.
En el centro de la violencia, como lo demuestran los informes de Bojayá, el Cauca 13 y Bahía Portete, 14 está también la disputa por los territorios, que incorpora no solo a las comunidades campesinas, sino a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Además de haber sido víctimas de las acciones de despojo, estas comunidades han sido lesionadas por el uso ilegal y arbitrario que actores armados e inversionistas extranjeros y nacionales han hecho de sus territorios. A pesar de los derechos que estas poblaciones tienen sobre sus territorios y que han sido consagrados constitucionalmente, los actores del conflicto han desplegado intervenciones( legales e ilegales) sobre ellos, violentando dramáticamente sus condiciones de existencia. Se trata, además, de una violencia fundada en una manera de concebir la tierra, de ver el mundo y de entender las rela-
13. cmh,“ Nuestra vida ha sido nuestra lucha”. Resistencia y memoria en el Cauca indígena( Bogotá: Semana, 2012). 14. gmh, La masacre de Bahía Portete. Mujeres Wayuu en la mira( Bogotá: Taurus / Semana, 2010). ciones entre seres humanos y naturaleza. Es el enfrentamiento entre una concepción de la tierra como fuente de rentabilidad y otra como recurso para el crecimiento y el desarrollo; entre modelos militares que ven en ella ventajas tácticas como corredores o retaguardias y otra que la concibe como madre y sustento de la vida espiritual, física, social y cultural.
Ver la violencia desde la perspectiva de la tierra y los territorios revela otro rasgo distintivo de su historia: la guerra se ha librado mayoritariamente en el campo colombiano, en los caseríos, veredas y municipios, lejanos y apartados del país central o de las grandes ciudades. Es una guerra que muchos colombianos y colombianas no ven, no sienten, una guerra que no los amenaza. Una guerra de la que se tiene noticia a través del lente de los medios de comunicación, que sufren otros y que permite a miles de personas vivir en la ilusión de que el país goza de democracia plena y prosperidad, a la vez que les impide entender la suma importancia de cada decisión, afirmación o negociación política para quienes la sufren. Quienes viven lejos de los campos donde se realizan las acciones de los armados ignoran que, por ejemplo, un acuerdo que pacte un cese al fuego representa para esos campesinos y campasinas la diferencia entre quedarse o huir, entre vivir o morir.
La precariedad y el miedo a la democracia
Así como otros informes del gmh, el de la masacre de Segovia y Remedios permite plantear que la guerra también puede ser interpretada como un asunto de precariedad y debilidad de la democracia. Esta precariedad tiene sus expresiones históricas en las características autoritarias que han marcado el régimen político colombiano, en los pactos excluyentes orientados a garantizar la permanencia y alternancia en el poder de los partidos tradicionales y de las élites, cerrando las posibilidades para que fuerzas disidentes, alternativas y opositoras participen de los mecanismos y escenarios donde se ejerce el poder político y se toman las decisiones que conciernen al conjunto de la sociedad. El cierre de oportunidades legales ha sido uno de los argumentos aducidos como justificación de la opción armada. No obstante, la democracia también
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