Guerra y justicia en la sociedad colombiana
Criminal, fue transformado en el Cuerpo Técnico de Investigaciones y adscrito a la Fiscalía General de la Nación. Por esta vía, se esperaba que la Fiscalía fortaleciera su capacidad investigativa y dejara de depender de la Fuerza Pública para practicar pruebas, pues esta dependencia muchas veces la condenó a la inacción en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos, a pesar de valerosos esfuerzos personales.
Una vez puesta en marcha, se crearon unidades temáticas dentro de la Fiscalía con el fin de superar la falta de especialización que había entre los jueces de instrucción. Una de las más importantes fue la Unidad de Derechos Humanos, creada en 1994, y que en parte fue una respuesta a las recomendaciones en materia de lucha contra la impunidad que se incluyeron en los informes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias y el Relator Especial sobre Ejecuciones Sumarias o Arbitrarias de las Naciones Unidas. Desde su creación, la Unidad ha sido objeto de inversión de recursos técnicos y financieros provenientes tanto de la cooperación internacional como del Estado colombiano. Tanto ha sido el afán por dotarla técnica y financieramente que, según testimonios recogidos en una investigación publicada en el 2005, era la Unidad de mostrar de la Fiscalía. 76 Esto, en todo caso, sin desconocer que la masividad de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Colombia ha desbordado con creces la capacidad investigativa de la unidad.
Tras seis años de funcionamiento, en el 2001, con Luis Camilo Osorio como fiscal general de la Nación, la estructura de la Unidad se descentralizó y se crearon entonces quince unidades regionales de apoyo. Las reformas introducidas por Osorio fueron duramente criticadas porque la descentralización no se vio acompañada por el fortalecimiento del programa de protección de testigos, víctimas, funcionarios e intervinientes en el proceso penal. Esto expuso a los operadores judiciales a la violencia de una guerra recrudecida 77. Adicionalmente, la descentralización
76. Danilo Rojas, Balance crítico de la Unidad de Derechos Humanos y dih de la Fiscalía General de la Nación( Bogotá: Dejusticia, en proceso de publicación). 77. La falta de seguridad de los operadores judiciales es particularmente alarmante y permanente en todo el periodo de referencia, además de que configura uno de los principales mecanismos de impunidad en el contexto colombiano. Según datos contenidos fue acompañada de la renovación de buena parte del personal de la unidad que había sido capacitado por programas financiados por cooperación internacional, y que fue removido por Osorio con el argumento de que hacía parte de una campaña internacional de desprestigio de las instituciones colombianas. 78 Sin embargo, varios de los funcionarios removidos tenían a su cargo investigaciones de casos en los que presuntamente había participación de miembros de la Fuerza Pública.
Esta, al parecer, indebida injerencia fue posible por la estructura misma de la Fiscalía, que ha sido objeto de duras críticas desde su nacimiento. En efecto, el hecho de que el presidente sea quien propone la terna de la que es elegido el Fiscal ha generado constantes sospechas, y a veces muy graves, sobre la independencia de dicho funcionario. Adicionalmente, dado que el fiscal general, y más aún después de la reforma introducida por el Acto Legislativo 3 del 2002, puede“ no sólo asignar( y reasignar) discrecionalmente a sus funcionarios a los diferentes casos, sino también determinar la posición jurídica que éstos deben asumir en ellos, la definición de todas las investigaciones penales puede depender del criterio del fiscal general”. 79
en el informe del gmh sobre la masacre de La Rochela, los investigadores judiciales están más expuestos están a la violencia contra operadores de justicia. En el caso de los paramilitares y del Ejército( los que en el informe sobre La Rochela son llamados“ actores prosistémicos”), la violencia parece ejercerse selectivamente sobre los investigadores con el fin de evitar cualquier proceso. En el caso de los guerrilleros(“ actores antisistémicos”)— quienes hacen uso de una violencia menos selectiva y parecen castigar a la justicia en la medida en que es parte del Estado—, los investigadores también resultan ser los más afectados en la violencia contra operadores de justicia precisamente por la falta de protección con la que se enfrentan a zonas con graves problemas de orden público. Los narcotraficantes son la única y muy notable excepción a esta tendencia: su violencia tiende a concentrarse en jueces antes que en investigadores judiciales. 78. Rojas, Balance crítico de la Unidad de Derechos Humanos. 79. García, Rodríguez y Uprimny, ¿ Justicia para todos?, 287. A esto debe sumarse la ausencia de criterios claros para la distribución de expedientes entre unidades de la Fiscalía. Ese es un problema que aún hoy no se ha resuelto. Y es un problema porque la ausencia de criterios propiamente jurídicos en la materia abre la puerta para que intereses extraños( políticos o económicos) decidan sobre la asignación de casos.
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