Guerra y justicia en la sociedad colombiana del Estado a los narcos y 2) que el aparato judicial tenía la capacidad de judicializar y sancionar de forma adecuada a los narcotraficantes e impedir la impunidad, incluso de grandes capos de la droga. 68
En cualquier caso, la falta de colaboración y apoyo de las autoridades norteamericanas una vez prohibida la extradición tuvo un impacto significativo sobre la eficacia y el flujo de recursos de la política. 69 Así mismo, la continuación y agudización de la práctica del secuestro cuestionó el hecho de que las debilidades de la investigación del sistema judicial se tradujeran— en la práctica— en condenas muy bajas; y, lo que es más grave, la precariedad y corrupción del sistema penitenciario facilitaron que los narcotraficantes siguieran delinquiendo desde las cárceles y que Pablo Escobar, junto con otros miembros del Cartel de Medellín, pudieran fugarse de la cárcel La Catedral. Todo ello desató un enorme escándalo en la opinión pública que le restó legitimidad al Gobierno y credibilidad a la política.
A pesar de que la persecución al Cartel de Medellín después de la fuga de La Catedral implicó un enorme desafío para el Estado colombiano que lo fortaleció en ciertos aspectos, también lo debilitó en otros. En lo que respecta al tema judicial, una de las debilidades estructurales del Estado para enfrentar a los narcos era que estos no tenían procesos abiertos en la justicia colombiana debido a que las pruebas contra ellos eran muy débiles o inexistentes. La política de sometimiento partió del reconocimiento de este hecho y supuso una estrategia de coordinación entre la Fiscalía, el Ejército, la Policía y el das— con la supervisión de la Procuraduría—, en el marco del llamado bloque de búsqueda que finalmente dio muerte a Escobar. Este trabajo en equipo garantizó que se maximizara el uso de todos los medios y la inteligencia disponible, tanto para el desmantelamiento del cartel como para la investigación y el juzgamiento de sus miembros de cara a un proceso judicial.
El enfrentamiento contra los narcotraficantes resultó ser un reto que muchas veces puso en jaque al Estado colombiano, pero que también implicó una evolución en los medios institucionales y jurídicos de los que disponía el aparato estatal a medida que la amenaza del narcotráfico se hacía más compleja. Es claro aquí cómo las diferentes fases de la guerra influyeron sobre la dinámica institucional del sistema judicial. En palabras de Rafael Pardo, ministro de Defensa de la época:
Los ataques a la justicia, asesinato de jueces e investigadores y la debilidad del aparato judicial llevaron a la necesidad, primero de abolir los jurados de conciencia por considerar que los ciudadanos llamados a cumplir esta tareas eran muy vulnerables y no había como protegerlos. Luego se establecieron tribunales especiales de investigación y juzgamiento en los cuales la identidad de los funcionarios se mantenía en reserva. Jueces sin rostro fue el nombre con que se conoció a esta figura. Luego, la Fiscalía General de la Nación, creada por la Constitución de 1991, aplicó los mecanismos de colaboración, delación y entrega para desarticular las bandas y grupos armados orgánicos al cartel de Medellín. La guerra se enfrentó dentro de la ley, pero antes de 1991 en muchas ocasiones se acudió al estado de sitio para expedir decretos legislativos. 70
Por otra parte, según Uprimny, la guerra contra el narcotráfico tuvo muchos efectos negativos sobre la justicia colombiana. En primer lugar, el fundamento bélico que adquirió la guerra contra el narcotráfico— que se inscribía en el discurso norteamericano de la guerra contra las drogas del cual adoptó su enfoque— mezcló en una misma estrategia el elemento militar con acciones que por su naturaleza son policivas y / o judiciales( la represión de una conducta ilícita), como es el caso de la sanción del consumo. 71 Esto implicó un aumento del peso de los militares en el aparato del Estado y un tratamiento bélico de problemas sociales que admitirían otro tipo de soluciones menos lesivas para la garantía de los derechos. En segunda instancia, la guerra contra las drogas generó un riesgo de internacionalización del conflicto interno, pues una buena parte de los recursos de la cooperación se dirigieron al
68. Uprimny,“ El‘ laboratorio’ colombiano”. 69. Pardo, La historia de las guerras.
70. Pardo, La historia de las guerras, 609. 71. Uprimny,“ El‘ laboratorio’ colombiano”.
225