INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica
combate a la subversión antes que al narcotráfico. 72 Adicionalmente, la influencia del discurso norteamericano en la guerra contra el narcotráfico erosionó la autonomía nacional para adoptar políticas antidrogas menos lesivas. Y finalmente, al no existir una política antidrogas que trascendiera los cambios de Gobierno y superara el carácter reactivo de la guerra estatal contra el narcotráfico, el Estado colombiano reforzó su tendencia a recurrir permanentemente a las normas de excepción, con la inestabilidad y la pérdida de independencia que esto generó para el funcionamiento del sistema judicial, y la afectación que implicó sobre las garantías constitucionales. 73
3.3. Entre el asedio y la resistencia: el sistema judicial en el marco del conflicto armado de las últimas dos décadas( 1992-2013)
Los últimos veinte años de esta breve historia de la justicia y de su relación con el conflicto armado corresponden a las dos décadas de vigencia de la Constitución de 1991, que sin lugar a dudas constituye un punto de inflexión en nuestra vida republicana. Se consolida a partir de ella una justicia constitucional protagónica, tanto por su papel en
72. Según García-Villegas, Rodríguez y Uprimny, basados en el informe del Comité de Operaciones Gubernamentales del Congreso estadounidense, a pesar de que la Policía había efecutado más del 80 % de la acción de antinarcóticos, solo recibía el 16 % de esa ayuda. El resto se destinaba a las Fuerzas Militares, que, según sus propias declaraciones, lo utilizaron en buena medida para la lucha contra la guerrilla en áreas donde no producían cocaína. García-Villegas, Rodríguez y Uprimny,“ Justicia, democracia y violencia en Colombia”. 73. Uprimny señala que con el pretexto de la contundencia que el Estado requería para afrontar la guerra contra el narcotráfico se justificaron medidas tan peligrosas como aquellas que permitían a las autoridades con función de policía judicial retener e incomunicar por espacio de siete días hábiles a las personas sospechosas de infringir el Estatuto Antiterrorista o las disposiciones contra el tráfico de estupefacientes, lo cual facilitaba la vulneración de Derechos Humanos y la actividad represora de la protestas sociales. Estas detenciones podían extenderse a 27 días por razones procesales. Uprimny,“ El‘ laboratorio’ colombiano”, 391 y siguientes. la garantía del amplio catálogo de derechos consagrado en la Constitución, como en un control más estricto a la política y a la economía. Sin embargo, el proyecto democratizador y pacifista se ha enfrentado con serios obstáculos, como la propia persistencia del conflicto armado. En este contexto, la justicia se ha debatido entre, por un lado, los intentos de modernización para enfrentar de una mejor manera los problemas de criminalidad y violaciones a los Derechos Humanos asociados al conflicto y para circunscribir la guerra dentro de unos límites humanitarios y, por el otro lado, el resurgimiento de mecanismos de excepcionalidad jurídica que contrarrestan esta tendencia.
Sin embargo, la tarea parece exceder las posibilidades del sistema de justicia, no solo por la masividad de las violaciones, sino por la imbricación entre lo legal con lo ilegal gestada en el marco de la continuidad del conflicto. En efecto, el capítulo de la parapolítica, que puso en evidencia las enormes limitaciones del proyecto democratizador de la Constitución de 1991, supuso un nuevo reto para el sistema judicial: revelar un complejo fenómeno de captura institucional frente al cual una verdad judicial procesal parece en principio limitada.
De otro lado, durante la última década asistimos a la implementación de un nuevo modelo de justicia orientado a la superación del conflicto: la justicia transicional. Por primera vez se intenta en el país un proceso de desmovilización colectiva bajo los estándares de verdad, justicia y reparación, en el cual el papel del sistema judicial adquiere una relevancia inusitada. Nunca como antes la justicia había tenido un papel tan determinante, no solo en la definición del éxito o fracaso de un proceso de esta naturaleza, sino también en su propia configuración. Como veremos, la intervención de las altas cortes en el proceso con los paramilitares resultó decisiva en el moldeamiento del marco jurídico. En sentido similar, los esfuerzos de restitución masiva de tierras implican un enorme reto para el sistema judicial, pues es este el encargado de darle trámite a las solicitudes y facilitar las condiciones jurídicas para revertir los efectos del despojo.
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