Guerra y justicia en la sociedad colombiana presión a través de la justicia penal militar fue un continuo entre la fase tardía de la dictadura y la tradición de los gobiernos civiles hasta finales de la década de los ochenta.
Con el Gobierno de Rojas Pinilla, los militares se posicionaron en el papel de afrontar los problemas de orden público, absorbiendo buena parte de la jurisdicción penal ordinaria. Según Gallón, los Gobiernos del Frente Nacional aceptaron tácitamente que los militares continuaran cumpliendo ese rol a cambio de que la administración pública quedara bajo el control de los partidos. 9 A esta división de roles entre sectores dominantes, se sumaron posteriormente los gremios empresariales más poderosos, en cuyas manos quedó la administración de la economía, para configurar así una estabilidad política que terminó generando un fraccionamiento institucional cada vez mayor. 10 Esta segmentación se vino a corregir en parte con la reforma constitucional de 1968 que modernizó el Estado y dotó al Ejecutivo de instrumentos para la gestión económica. Y en lo que tiene que ver con la restricción a la excesiva autonomía del Ejército para encargarse de las políticas de seguridad y la judicialización de los delitos que atentaran contra el orden público, hubo que esperar hasta finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando el control judicial sobre los estados de excepción se hizo más estricto y el cambio constitucional le restó injerencia en la justicia penal a los militares.
Entre 1949 y 1991 Colombia estuvo más de 30 años bajo estado de sitio. En los 21 años transcurridos entre 1970 y 1991 Colombia vivió 206 meses bajo estado de excepción, es decir, 17 años, lo cual representa el 82 % del tiempo transcurrido. 11 El hecho de que la excepcionalidad se convirtiera en la regla durante este periodo tuvo impactos muy negativos sobre la justicia, el Estado de derecho y la democracia.
9. Gustavo Gallón, La república de las armas. Relaciones entre fuerzas armadas y estado en Colombia 1960-1980( Bogotá: cinep, 1983). 10. Rodrigo Uprimny,“ Las transformaciones de la administración de justicia”, 266 y siguientes. 11. Mauricio García Villegas,“ Constitucionalismo perverso. Normalidad y anormalidad constitucional en Colombia: 1957-1997”, en El caleidoscopio de las justicias en Colombia, 317-370.
En primer lugar, porque implicó la pérdida de muchas vidas y masivas vulneraciones a los Derechos Humanos por el recorte permanente de las garantías constitucionales y las libertades públicas. En segundo lugar, porque generó una inestabilidad jurídica muy compleja de asimilar por el aparato judicial, que influyó de manera significativa en su ineficacia. En tercera medida, porque el recurso al derecho penal como forma preponderante de resolver los conflictos desvalorizó caminos más consensuados para gestionarlos, con el agravante de que, lejos de solucionarlos, reprodujo ciclos de violencia por el carácter excluyente del régimen político; así, cuanto más crecía el aparato represivo, más crecía el delito y el conflicto que el mismo aparato quería resolver. 12 En cuarta instancia, porque debilitó la justicia ordinaria al hacerla pasar a un segundo plano y restarle capacidad para resolver los conflictos cotidianos. Se trataba entonces de un círculo vicioso porque quienes querían continuar afianzando la injerencia de los militares en la justicia penal alegaban que la justicia ordinaria era ineficaz y demasiado demorada en comparación con la justicia castrense, lo cual a su vez le restaba legitimidad y apoyo político a la primera, e impedía fortalecerla y concebirla como un instrumento adecuado para prevenir el conflicto armado. 13 Y, finalmente,
12. García Villegas,“ Constitucionalismo perverso”. 13. Perdomo,“ De la Violencia”. La justicia fue el blanco predilecto de ataques por parte de presidentes de muy distintas tendencias. Tres casos ilustran esta vulnerabilidad de la justicia ante las demás ramas del poder público. Estas eran las palabras de Laureano Gómez en la instalación del Congreso en 1951:“ La Administración de Justicia es más un botín político que un campo de acción para la equidad y la ética. Los Jueces se distribuyen en proporción al sufragio universal, y desde el más bajo de la jerarquía, hasta el más meritorio de los Magistrados, debe pagar tributo a su partido, a sus directivas y a las consignas que éstas le imponen”. El general Rojas también atacó duramente a la justicia en sus discursos públicos tildándola de ser“ el engaño más vergonzoso”,“ el mayor obstáculo para la convivencia nacional” y“ un permanente desprestigio de las ramas principales del Poder Público”. Finalmente, el Partido Liberal tampoco escapó a este escepticismo frente a la justicia, pues parecía afincar sus esperanzas más en el Ejército que en la rama jurisdiccional para gestionar la conflictividad social:“ la única valla contra el desorden es la de una legitimidad apoyada lealmente por las Fuerzas Armadas. Un día es la huelga de los mineros, otro día la de los bancos, otro la de los comerciantes, otro la de los profesores universitarios, otro la de los empleados del transporte; mil dieces de mayo separados que comprometen la estabilidad de todos los Gobiernos, cuyo único punto de apoyo es el juramento de fidelidad del Ejército a la Constitución”.
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