Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado tes de las auc, incluido su hermano Vicente Castaño, terminaría por mostrar la hegemonía del grupo ligado al narcotráfico sobre la histórica comandancia de Carlos Castaño, que había decidido oponerse a esos nexos. Este hecho, sumado a la guerra entre el Bloque Centauros, que el narcotraficante Miguel Arroyave había comprado a Vicente Castaño y las Autodefensas Campesinas de Casanare, empantanaron los diálogos y sembraron dudas frente a la opinión pública acerca de la instrumentalización de la Ley de Justicia y Paz como salvavidas contra la extradición por parte de reconocidos narcotraficantes. 191
La heterogeneidad de los grupos se mostraba, entre otras cosas, en el incumplimiento de los pactos: así, el quinto informe de la mapp-oea denunció el incumplimiento del cese al fuego pactado en la mesa de diálogos para los Montes de María, el sur de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Magdalena medio. 192 Poco tiempo después, alias Don Berna fue recluido en una finca, luego de que la Fiscalía lo acusara formalmente de ser el autor intelectual del asesinato del alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo León Díaz, en abril del 2003.
Estas dificultades y tensiones sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz se reflejaban en la política nacional: mientras el Gobierno de Uribe buscaba que la bancada mayoritaria en el Congreso reconociera a los paramilitares como delincuentes políticos( bajo el delito de sedición) para permitirles así mayores beneficios que los ya contemplados en la Ley de Justicia y Paz, la revisión de la Corte Constitucional obligó a endurecer la ley con la supresión del delito de sedición y la imposición de mayores obligaciones a los versionados— para acceder al beneficio de la pena alternativa de ocho años—, como confesar de forma total y completa sus crímenes. 193
Esto produjo la protesta del vocero político de los paramilitares, Iván Duque, alias Ernesto Báez: 194“ No queremos alarmar a la nación, que equivocadamente cree que el proceso está salvado. Pero eso no es cierto y la negociación está en una crisis tremenda” y agregó:“ con las condiciones en que quedó la Ley de Justicia y Paz, ningún paramilitar se entregará”. A partir de ese momento los paramilitares empezaron a constatar que la negociación política se estaba convirtiendo en un sometimiento a la justicia. 195
Estas dificultades se agravaron cuando, en diciembre del 2006, la opinión pública fue sorprendida por la noticia del traslado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí de los principales jefes paramilitares( 59 en total), que se encontraban concentrados en un Centro Vacacional en La Ceja, Antioquia. 196 El traslado, argumentó el Gobierno, se debió a las múltiples evidencias que apuntaban a que los paramilitares seguían ejerciendo poder y control sobre estructuras que no se habían desmovilizado o que se habían rearmado. Con estas estructuras, los paramilitares venían borrando todas las pruebas de sus principales crímenes.
Ante este traslado de los principales jefes, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, huyó de Santa Fe de Ralito, pero pocos meses después terminó por aceptar su traslado tras la colaboración de una comisión encabezada por la entonces presidenta del Senado, Dilian Francisca Toro. Sin embargo, advirtió:“ Si la guerra ganada por las autodefensas se perdiera en una nueva edición de desidia gubernamental, detrás de mí vendrían muchos como yo que empuñarán las armas” 197. Esta afirmación de Jorge 40 recogía los temores de los jefes paramilitares frente a las exigencias que introdujo la sentencia de la Corte Constitucional a la Ley de Justicia y Paz: la amenaza de extradición, ya que el Gobierno nunca hizo un acuerdo al respecto; la negativa a ser reconocidos como actores políti-
191. Francisco Javier Zuluaga, alias Gordo Lindo; Eduardo Enrique Vengoechea, alias El Flaco; Juan Carlos Sierra, alias El Tuso; y Miguel Ángel Mejía Múnera, alias Pablo Arauca, comandantes del Bloque Pacífico y del Bloque Vencedores de Arauca. 192. mapp-oea, Quinto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia( Bogotá: mapp-oea, 2005), 7-8. 193. Para mayor información, véase capítulo 3 de este informe.
194. El Tiempo, 16 de agosto de 2006, 1-3. 195. Véase: cnrr-gmh, Justicia y Paz. ¿ Verdad judicial o verdad histórica?( Bogotá: Taurus / Semana 2012). 196. El Tiempo, 2 de diciembre del 2006, 1-4. 197. El País, 5 de septiembre de 2006, 4A.
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