INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica
Don Berna, por el control de Medellín y el Valle de Aburrá, que terminó definiéndose a favor del segundo. Pero, sin duda alguna, el ejemplo más cruento y evidente fue el protagonizado por las Autodefensas del Casanare y el Bloque Centauros de las auc en los llanos orientales en 2004. Estas diferencias fueron llevando al colapso del proyecto unificador nacional liderado por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso desde las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá – accu, lo que terminó por favorecer a alias Don Berna y a Iván Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, desde el bcb. El Bloque Central Bolívar, que encubría una federación de grupos locales y regionales de diversa índole, terminó por imponerse sobre las posiciones más políticas y más distantes del narcotráfico que en el momento de la negociación defendían las accu, como lo reconocieron Mancuso y Castaño en julio del 2002:
Fueron infructuosos los esfuerzos que realizamos al lado de otros comandantes honestos para salvar el nombre y la existencia de las auc, que fue creación nues tra. Pero no fue posible, nos encontramos con una serie de grupos atomizados y altamente penetrados por el narcotráfico, que en muchos casos pasaron de la confederación a la anarquía o perdieron su identidad y sus principios. 189
En medio del proceso de negociación, los comandantes Mancuso, alias Ernesto Báez y Ramón Isaza asistieron al Congreso de la República, en julio del 2004, y allí dejaron ver la fragmentación del movimiento paramilitar, ya que los tres representaban nítidamente tendencias y trayectorias diferenciadas: Isaza representaba las autodefensas históricas herederas de la experiencia de Puerto Boyacá, de mediados de los años ochenta; Mancuso, la segunda etapa de mediados de los años noventa, con epicentro en Córdoba y Urabá; y Báez, la expansión nacional del Bloque Central Bolívar, a finales de los noventa y comienzos del siglo xxi, que expresaba la emergencia de los nuevos narcotraficantes con pretensiones de actores políticos.
Esta heterogeneidad interna se reflejaba en las dificultades para que los instrumentos jurídicos de la Ley de Justicia y Paz pudieran satisfacer las expectativas de las diferentes tendencias: los paramilitares insistían en que el marco legal era insuficiente para garantizar la seguridad jurídica del proceso y no estaban dispuestos a asumir los costos políticos de la verdad sobre el origen, desarrollo y expansión de fenómeno paramilitar. Tampoco aceptaban devolver los bienes y fortunas acumulados ilegalmente por medio del terror y la violencia.
Estas diferencias hicieron que la comunidad internacional y nacional— en especial las organizaciones de Derechos Humanos y de víctimas— considerara que dicha ley conducía a la impunidad y estaba lejos de ser un instrumento de verdad, justicia y reparación, requisitos indispensables en un proceso de negociación.
Sin embargo, las negociaciones con los grupos de autodefensa se iniciaron formalmente el 2 de julio del 2004 como una fórmula para salvar de la crisis un proceso que no arrojaba resultados importantes ni avances en la agenda acordada desde junio del 2003. De hecho, el proceso de negociación enfrentaba fuertes contradicciones, pues mientras se negociaba con el Gobierno nacional, los paramilitares seguían matando en las regiones para consolidar y expandir su poderío político, económico y territorial, con la particularidad de que las acciones violentas eran perpetradas en el marco de una tregua acordada entre las partes. En esta lógica de acción se inscribe la masacre de Bahía Portete, La Guajira, del 18 de abril del 2004. A esto se sumaba la guerra interna entre las distintas facciones paramilitares que discurría en medio de la negociación con el Gobierno nacional.
En las luchas intestinas entre paramilitares se presentó el asesinato del líder paramilitar Carlos Castaño, el 16 de abril del 2004, 190 luego de sus denuncias públicas acerca de la cooptación del paramilitarismo por el narcotráfico y de su disposición a negociar su entrega a la justicia de los Estados Unidos. El asesinato ordenado por los principales comandan-
189. El Tiempo( 20 de julio del 2002), 1-17. 190. El Heraldo( 1 de mayo del 2004), 8A.
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