INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica
cos; y por último, la incapacidad del Gobierno para asegurar a los paramilitares más allá de la zona dispuesta para los diálogos en Santa Fe de Ralito, en Córdoba.
Estos cambios de política, que reducían el margen de negociación de los paramilitares, llevaron a los jefes reclusos en Itagüí a dar por terminado el proceso el 7 de diciembre del 2006, alegando el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno. Sin embargo, el hecho mostraba la total confianza que los paramilitares habían tenido en el proceso, que consideraban como una vía para acortar sus penas ante la justicia, conservar sus bienes obtenidos ilegalmente y evitar la extradición. Pero poco tiempo después del cambio de reclusión de los comandantes se dio a conocer a la opinión pública que los jefes paramilitares continuaban delinquiendo desde la cárcel. Esto, sumado a la solicitud de extradición de los principales jefes paramilitares acusados de narcotráfico, posibilitó su envío a los Estados Unidos, aun en el marco de la Ley de Justicia y Paz, el 13 de mayo del 2008. Muchas organizaciones defensoras de Derechos Humanos y asociaciones de víctimas, empero, advirtieron en su momento que extraditar a los máximos comandantes equivaldría a exportar las verdades más escandalosas sobre el desarrollo del paramilitarismo en las últimas décadas y obstruiría el esclarecimiento de los hechos violentos que se venían confesando.
2.4.4. El impacto del rearme paramilitar en la evolución territorial del conflicto
Para el año 2006, las limitaciones de la desmovilización de los paramilitares hicieron inminente el proceso de rearme de los grupos, que se aceleró durante los años 2008 y 2010, y registró un importante repunte en su accionar criminal entre 2011 y 2012. Este rearme suscitó un airado debate nacional alrededor de cómo interpretar y denominar a estas nuevas organizaciones: para el Gobierno simplemente se trataba de organizaciones al servicio del narcotráfico, carentes de cualquier contenido político o contrainsurgente, pero algunas aproximaciones más elaboradas del fenómeno, como el informe público de la cnrr en el año 2007, sugerían que se trataba de una tercera generación paramilitar con cierta continuidad con los paramilitares que se habían proyectado política y territorialmente en el periodo anterior. Por su parte, las organizaciones de víctimas y de Derechos Humanos reiteraban que el fenómeno demostraba el fracaso del Gobierno para desmontar las estructuras sociales, políticas y económicas del paramilitarismo en muchas regiones del país.
Sin embargo, más allá de la discusión semántica, importa destacar que el problema respondía a algunas fallas del proceso de desmovilización de los paramilitares en una agenda de negociación, en la que se incumplieron muchas promesas: para Salvatore Mancuso, el rearme paramilitar era el resultado del mal funcionamiento de la política de reinstitucionalización del Estado y del impedimento que les impuso el Gobierno de participar en política, que contradecía lo pactado originalmente. Por todo ello, muchos desmovilizados se rearmaron alrededor de organizaciones que operaban bajo cánones delincuenciales, pero en las que el líder paramilitar reconocía la primera etapa de un proceso que podría asumir posteriormente importantes dimensiones políticas y económicas. Para Mancuso, estas bandas, como el paramilitarismo en sus primeros años,“ avanzan como un fenómeno delincuencial en un principio porque necesitan fortalecerse económicamente para crecer militarmente y luego empezar todas las acciones políticas que ya se nota que están haciendo”. 198 Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, aseguraba que la desmovilización del paramilitarismo no había obedecido a cálculos militares, sino políticos, pues era evidente que sus enemigos naturales, las guerrillas, continuaban operando en muchas regiones del país, sin que el Gobierno nacional hubiera mostrado una capacidad suficiente para derrotarlas. Por eso aseguraba que la vía armada no era la mejor salida política aunque continuaba siendo una alternativa plausible en muchas regiones del país, tal y como lo expresaban las nuevas bandas. 199
198. Fabio Medina y Jota Ochoa,“ Mancuso:‘ El paramilitarismo de Estado sigue vigente’”, Terra Colombia, consultado el 3 de abril del 2008, http:// www. terra. com. co / actualidad / articulo / html / acu10230. htm 199. Carta Abierta a Eduardo Pizarro Leongómez, Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación-cnrr, por Rodrigo Tovar Pupo, alias“ Jorge 40”. 22 de febrero de 2009 http:// www. verdadabierta. com / component / content / article / 47-
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