Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado consecuencias perversas, pues desencadenaron comportamientos criminales, como los“ falsos positivos”, casos frente a los cuales la Fiscalía llevaba, al 31 de mayo del 2011, 1.486 investigaciones, con 2.701 víctimas. Dentro de los costos de la estrategia de seguridad se destacaron, además, el hostigamiento y la persecución judicial contra las organizaciones políticas y sociales opuestas al gobierno, hecho que desató el escándalo de las interceptaciones telefónicas y los seguimientos ilegales del das a dirigentes políticos, periodistas, magistrados y congresistas.
A pesar de que la ofensiva del gobierno Uribe golpeó sensiblemente a las farc, no logró asestarles el golpe definitivo; estas se han ido adaptando a la nueva dinámica del conflicto armado y continúan actuando en varias regiones, con un importante repunte en su actividad militar entre los años 2011 y 2012.
Paralelamente, se produjo la controvertida negociación política del Gobierno Uribe con los grupos paramilitares en Santa Fe de Ralito, Córdoba, que dio lugar a la desmovilización y desarme parcial de las estructuras paramilitares y a la disminución de la violencia. No obstante, este proceso fracasó de manera general en su propósito de superar el fenómeno paramilitar. El proyecto de ley que el Gobierno diseñó para que los paramilitares se desmovilizaran contemplaba la casi total impunidad para los responsables de crímenes atroces y no reconocía los derechos de las víctimas. Frente a esto, la reacción de la justicia, el debate político, la presión de los movimientos defensores de los Derechos Humanos, las víctimas y la comunidad internacional exigieron reorientar la propuesta, por lo que el Gobierno se vio obligado a cambiar de estrategias e instrumentos.
El proceso con los paramilitares también falló debido a que rápidamente se presentaron rearmes en distintos lugares del país y violentos reacomodos internos entre estructuras fragmentadas, volátiles y cambiantes, altamente permeadas por el narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al Estado. Aunque no consiguieron recomponer la presencia territorial de las auc, su nivel de actividad repuntó también entre 2011 y 2012.
2.4.1. La política de defensa y seguridad democrática
La estrategia de defensa y seguridad democrática implementada por Álvaro Uribe durante sus dos periodos presidenciales( 2002-2010) se concretaba en acciones jurídicas, políticas y de opinión para desatar una ofensiva militar, política y judicial contra los denominados factores de violencia, que eran presentados como obstáculos que impedían el crecimiento económico y social del país. En ese sentido, el llamamiento a la movilización general de la sociedad tomaba ribetes de guerra patria, pues el rol de la población civil en la lucha contra el terrorismo fue señalado por el presidente Álvaro Uribe en los siguientes términos, en el año 2003:“ Los colombianos no cederemos ante esa amenaza. La vamos a derrotar con la colaboración de la ciudadanía. El concepto clave aquí es solidaridad. Solidaridad entre los ciudadanos y solidaridad con la fuerza pública” 182. Esta política contó con un amplio respaldo de la opinión pública y la clase política y empresarial, cuyo consenso partía del supuesto de que era necesaria una política de Estado y de Gobierno de largo aliento para derrotar a la guerrilla. El enorme esfuerzo militar en que incurrió el Estado para conducir su ofensiva lo llevó a pasar de un pie de fuerza de 215.000 hombres en 1998 a 445.000 en 2010. 183
Esta confianza se veía reforzada por uno de los aspectos centrales de esa política, que consistía en la superación del dilema de paz o desarrollo, pues Uribe sostenía que la seguridad, entendida como una estrategia decidida a ganar la guerra contra los insurgentes, era el requisito previo para la viabilidad social, política y económica de la nación. Para él, la necesidad de alcanzar“ el imperio de la ley” estaba explícitamente relacionada con el desarrollo:“ Cada vez que hay un secuestro se afecta profundamente la confianza de los inversionistas, se dispersan los ca-
182.“ Presidencia de la República, Ministerio de Defensa Nacional,“ Carta del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez”, consultado el 22 de junio del 2013, http:// www. resdal. org / Archivo / col-03-presi. htm. 183. Armado Borrero. Monografía de las Fuerzas Militares y Policía( Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris, 2010). Texto inédito.
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