Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado produjo una expansión de los cultivos de coca y amapola en zonas cafeteras de la región andina y el suroccidente del país, mientras que en el segundo se multiplicaron las áreas sembradas de coca en el suroriente y luego en el noroccidente, el nororiente y la Costa Caribe.
Colombia se convirtió, precisamente, en el primer productor de hoja de coca del mundo, superando a Perú y Bolivia a mediados de los años noventa. Este hecho reforzaba la incidencia del narcotráfico, pues esto se sumaba a la condición de ser el primer país exportador.
En el segundo caso, los cambios institucionales provocados por la profundización de la descentralización política y administrativa, sumado a los recortes del Estado central por la nueva política de liberalización y privatización económica, llevaron al desmonte de la institucionalidad pública que el Estado central había construido para el país rural 122, en particular para la economía campesina en las periferias con el Plan Nacional de Rehabilitación. El resultado fue el abandono del país rural a las fuerzas del mercado y la reconfiguración del Estado con una presencia basada en un esquema selectivo de apoyos directos, con mayor volumen de recursos y ayudas puntuales al desarrollo de subsectores agropecuarios 123, desmontando una institucionalidad rural y un enfoque de intervención territorial como el pnr justo cuando la presencia estatal era más importante por las ventajas que la provisión de bienes públicos hubiese aportado en el mejoramiento de la competitividad que tanto se le exigía a todos los sectores de la economía.
Por su parte, el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades étnicas azuzó las agresiones contra pueblos indígenas y comunidades de afrodescendientes por parte de actores armados ilegales, en alianzas con actores sociales, económicos y políticos, 124 e incluso de la Fuerza Pública. Detrás de estas agresiones había intereses económicos
122. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD,“ Colombia rural: Razones para la esperanza”. 223-224 123. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD,“ Colombia rural: Razones para la esperanza” 124. gmh, Justicia y paz. Tierras y territorios. sobre los territorios colectivos de las comunidades: proyectos mineros, energéticos, agroforestales, ganaderos, agroindustriales y de infraestructura; la siembra, procesamiento y tráfico de estupefacientes; o la instalación de bases militares. En su lucha, las organizaciones y movilizaciones indígenas y de afrocolombianos han logrado que en instancias nacionales e internacionales se denuncien las sistemáticas, graves y masivas violaciones a sus derechos, y han demandado del Estado su protección, así como medidas que garanticen su supervivencia en cuanto grupos minoritarios.
El nuevo arreglo fue relevante para el cierre del agrietamiento institucional entre el poder civil y el militar, y para el declive de la politización de los militares, que tan abiertamente habían desafiado las políticas de paz de los Gobiernos de Betancur y Barco. El contexto de fin de la Guerra Fría, la caída del Muro de Berlín en 1989 y el derrumbamiento de la Unión Soviética en 1992 reforzaron esta situación, además del exitoso proceso de paz con las guerrillas del m-19, el epl, el Quintín Lame y el prt entre 1990 y 1991( al que se sumaría la Corriente de Renovación Socialista en 1993, disidencia del eln). A pesar de ello, las Fuerzas Militares se reacomodaron rápidamente a los nuevos referentes internacionales para legitimar la continuación de la lucha contrainsurgente, disolviendo cualquier vestigio de reconocimiento político a la guerrilla y radicalizando su acento criminal: primero en la lucha contra el narcotráfico( narcoguerrilla) y luego en la lucha contra el terrorismo( guerrilla narcoterrorista).
Pero, sin duda, el hecho político y simbólico más relevante de la subordinación de las Fuerzas Militares al Gobierno nacional fue el nombramiento de un civil como ministro de Defensa, luego de que los militares hubiesen ocupado ese cargo ininterrumpidamente por más de medio siglo. A este nombramiento, Gaviria le añadió un mensaje político, pues Rafael Pardo venía de ser consejero de paz del Gobierno de Barco, del cual el propio Gaviria había sido ministro de Gobierno. Este nombramiento se reforzó con la conducción civil de la confrontación, dentro de la política de guerra integral en la segunda mitad de su Gobierno. El nuevo arreglo institucional sentaba las bases para clausurar las tensiones entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Militares. Incluso los militares cedieron a la posibilidad de que la justicia ordinaria investigara y juz-
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