INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica
La Ley de Reforma Agraria y Desarrollo Rural creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural( Ley 160 de 1994), encargado de coordinar y planificar la redistribución de la tierra y el desarrollo de la economía campesina. Esta ley introdujo modificaciones a los intentos de restructurar la tenencia de la tierra que se habían adelantado con la Ley 30 de 1986 durante la administración de Virgilio Barco. 117
Entre los destinatarios de programas de dotación de tierras se incluyó a los desplazados, y al igual que en los Gobiernos anteriores, a los desmovilizados en los acuerdos de paz. 118 En la Ley 160 de 1994 se estableció el mercado de tierras consistente en la negociación voluntaria entre propietarios y campesinos, a quienes el Estado otorgaba un subsidio del 70 %. Los resultados no fueron alentadores debido a factores como la asimetría entre los propietarios y el campesinado, los costos de la tierra definidos en avalúos comerciales y la injerencia de presiones políticas y económicas en el ámbito local. Además, la precariedad de la oferta de créditos y de asistencia técnica, así como los efectos de la apertura económica, agravaron la situación de los campesinos endeudados con el subsidio, lo que condujo a que muchos malvendieran sus predios. El desplazamiento forzado agravó la situación de numerosas familias campesinas y de comunidades indígenas y afrocolombianas, que se vieron obligadas a vender o abandonar sus tierras. En amplias zonas, los campesinos fueron despojados de sus tierras, o tuvieron que venderlas a bajo precio a compradores que se aprovecharon de su estado de deudores morosos. 119
Ese mercado de tierras, en el que se inscribió el intento por reformar la estructura de la tenencia de la tierra, se dio en condiciones adversas derivadas de los efectos de la apertura económica y de los cambios
117. En la ejecución de la Ley 30 de 1986 se definieron las zonas de reforma agraria y la coordinación interinstitucional para la dotación de tierras y la provisión de otros bienes a los beneficiarios. 118. La Ley 35 de 1982 autorizó al incora para adquirir tierras con destino a los pobladores en las zonas de conflicto del Plan Nacional de Rehabilitación. 119. Véase: gmh, Justicia y paz. Tierras y territorios en las versiones de los paramilitares( Bogotá: Imprenta Nacional, 2013). institucionales. En el primer caso, la apertura económica enfrentó la economía nacional a la competencia externa. Con esta iniciativa se buscaba destrabar el estancamiento industrial, reducir la inflación y propiciar el crecimiento económico a partir de las exportaciones, pero el sector agrícola resultó siendo el más afectado. La apertura económica apostó, entonces, por el país urbano en detrimento del país rural, abandonó definitivamente la política redistributiva, y reorientó la productividad hacia la competitividad. Se desmontó también la protección arancelaria que blindaba la economía nacional de la competencia externa, y con ello se expuso el sector agrícola a una competencia para la cual no estaba preparado. Industrias como la algodonera, que en su momento movilizaba tanta mano de obra como la cafetera, acabaron quebradas. A esto se sumó el desmonte del pacto internacional de países productores que regulaba el precio del café, ocasionado un desplome en su cotización que afectó uno de los nichos económicos que históricamente había provisto estabilidad a la economía nacional. A esto se sumaron las restricciones a las importaciones de banano impuestas por la Unión Europea con el reglamento 404 de 1993 120, afectando a uno de los sectores agroindustriales más dinámicos de la economía nacional.
Esto provocó una profunda transformación del mundo rural, en la medida en que le abrió las puertas a la expansión y consolidación del narcotráfico. Por un lado, estas transformaciones favorecieron un acelerado proceso de ganaderización, impulsado por la compra masiva de tierras por parte de los narcotraficantes. Con ello se agravó el problema de la concentración de la tierra en el país rural, y a ello se sumó la sobreutilización de áreas de vocación agrícola para la ganadería. 121 Por el otro, la precarización de la economía campesina en las regiones más integradas y su inviabilidad en las zonas periféricas fueron detonantes para la expansión de los cultivos ilícitos. Esto dio lugar a la conformación de economías cocaleras en el centro y las periferias, que se insertaron en el circuito económico global de las drogas ilícitas. En el primer caso se
120. Suárez, Identidades políticas y exterminio recíproco, 143. 121. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud Colombia,“ Colombia rural: razones para la esperanza”, 77.
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