Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado la exigencia de cambios de fondo en las instituciones del Estado. La administración de Virgilio Barco reaccionó ante la crisis con iniciativas de reforma política y constitucional, y con una nueva política de orden público que incluyó el Plan Nacional de Rehabilitación, así como la oferta a la guerrilla para llegar a un acuerdo sobre la base de su subordinación a la institucionalidad vigente.
En ese contexto se abrió camino la idea de la constituyente que, para sectores que habían participado en los frustrados diálogos de 1984- 1985, era una vía hacia acuerdos de paz, con cambios importantes en el Estado. Para corrientes modernizantes del Partido Liberal, en particular para las más cercanas a las ideas transformadoras del inmolado candidato presidencial Luis Carlos Galán, era una necesidad de recomponer el Estado en la fase crítica y no superada del post Frente Nacional.
El movimiento por una Asamblea Constituyente se había fortalecido en sus diversas vertientes desde 1985. Después del fracaso del Diálogo Nacional por la Paz resurgió con fuerza en 1989 con el proceso de paz iniciado en enero de ese año entre el Gobierno de Barco y el m-19. La movilización multitudinaria de los universitarios también incluyó propuestas constituyentes como respuesta a la violencia generalizada y al asesinato de Luis Carlos Galán y otros líderes en el contexto de oleada terrorista perpetrada por los narcotraficantes y el auge de la violencia paramilitar. Así quedó consignado en la carta suscrita por más de 30 mil universitarios en las mesas de diálogo y concertación para los acuerdos con el m-19, que fueron suscritos en la sede del Capitolio Nacional por delegados de partidos, académicos, organizaciones no gubernamentales y la mesa directiva del Senado, en mayo de 1989 y en agosto del mismo año. En la proclama del 14 de diciembre de 1989, ante la frustración por la caída de la reforma constitucional propuesta por el Gobierno y de los acuerdos de paz en ella incluidos, el m-19 convocó a rehacer el pacto de paz directamente con el pueblo, en una Asamblea Constituyente surgida de un golpe de opinión por la vía pacífica.
La Séptima Papeleta, promovida por los estudiantes y muchos otros sectores 110 en las elecciones legislativas y regionales de marzo de 1990, fue la síntesis de esos procesos de movilización democrática y por la paz, y la base de una insubordinación ciudadana contra la violencia y a favor de la democracia. El Gobierno de Barco supo interpretar el momento y propició, mediante Decreto de estado de sitio, el voto por la convocatoria a una Asamblea Constitucional simultánea a las elecciones presidenciales de mayo de 1990. De esa manera, se abrieron paso los acuerdos políticos que llevaron, en la administración de César Gaviria, a las elecciones de la Constituyente en diciembre de 1990, y a su funcionamiento entre enero y julio de 1991.
La nueva Constitución Política de Colombia, proclamada el 4 de julio de 1991, fue acogida por el país desarmado en forma esperanzadora. Se trataba de un pacto de paz y de una carta de navegación para transitar hacia la construcción de una sociedad fundada en la convivencia pacífica, el Estado Social de Derecho, el fortalecimiento de la democracia participativa, las garantías políticas y la vigencia de los Derechos Humanos, en una sociedad reconocida como diversa, pluriétnica y pluricultural.
Con este paso se buscaba suplir la demanda histórica de apertura democrática que estaba en el origen del conflicto armado y que por tantos años había sido reclamada por vastos sectores de la sociedad. Atrás había quedado definitivamente el Frente Nacional, se creaban las bases institucionales para profundizar la descentralización política y administrativa, que se hacía extensiva a la elección popular de gobernadores. También se ponían límites a los estados de excepción que habían adquirido casi condición de permanentes con el estado de sitio y que habían
110. Al lado del movimiento estudiantil, otros sectores que tuvieron un papel central fueron los diarios El Tiempo y El Espectador, los candidatos galanistas, el comité proconstituyente, las comunidades religiosas y la campaña electoral de la ad m-19 con Carlos Pizarro, Antonio Navarro y Vera Grave como candidatos. El Gobierno apoyó la distribución de papeletas por la constituyente en esas elecciones de marzo de 1990.
149