INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica
favorecido la autonomía de los militares. 111 Asimismo, se promovió el empoderamiento ciudadano con distintos mecanismos de participación, desde el reconocimiento de los derechos individuales y sociales, hasta la institucionalización de mecanismos garantistas de los derechos, las libertades y el orden constitucional.
El impacto del gran acuerdo constitucional por la paz y la prohibición de la extradición de nacionales allanaron el camino para el desmantelamiento de los grandes carteles del narcotráfico. Esta situación se tradujo en una coyuntura de disminución de los homicidios políticos, pero aún sin la fuerza suficiente para neutralizar los factores de violencia que rápidamente fueron escalando y configurando uno de los periodos más cruentos del último siglo en la historia de Colombia. Entre otras, la descentralización política y administrativa implicó grandes transformaciones institucionales y trasladó funciones y recursos al poder local, sin que se contara con las capacidades para ello, o sin la transición institucional mínima para suplir esa deficiencia.
Las nuevas reglas del juego político permitieron la irrupción de muchos competidores políticos en la escena local y regional, efecto del entusiasmo político generado por el cambio. Tantos competidores acabaron por desvertebrar las maquinarias políticas y las redes clientelistas de los grandes barones electorales y caciques políticos, en un momento en el cual los municipios y las regiones empezaban a recibir gran cantidad de recursos económicos que se esperaba mejoraran la calidad de vida de los ciudadanos e hicieran más eficiente y eficaz la gestión estatal. Sin embargo, el problema residió en que la proliferación de participantes no pudo suplir la intermediación política con la formación y consolidación de partidos o movimientos políticos fuertes y consolidados 112. El resultado fue una mayor atomización política en el ámbito político local y regional que se distinguía por tratarse de muchos pero desorganizados.
111. Dávila, El juego del poder, 114-121. 112. Véase: Eduardo Pizarro en“ Una democracia asediada”, y“ Ana María. Bejarano, Democracias Precarias. Trayectorias políticas divergentes en Colombia y Venezuela, Universidad de Los Andes, Bogotá, 2011”
Este pluralismo de muchos pero desorganizados impidió que se consolidaran proyectos políticos independientes y alternativos que pudiesen hacer contrapeso a la influencia de los actores armados, quienes explotaron tanta atomización para ejercer el tutelaje del juego democrático local y capturar los presupuestos municipales para la financiación de la guerra o direccionar las inversiones públicas para ampliar su respaldo político 113. De hecho, el papel de árbitro es el que prevalece en la actuación de las guerrillas durante el periodo 114, marcando con ello un distanciamiento de su proyección política en la década anterior basada en la competencia directa dentro del juego democrático a través de movimientos o partidos de oposición.
En este contexto, la izquierda política no tuvo mayor protagonismo por el aislamiento político del Partido Comunista, la continuación del exterminio de la Unión Patriótica y la violencia contra los movimientos políticos surgidos de las guerrillas que habían abandonado las armas( Corriente de Renovación Socialista, Esperanza, Paz y Libertad, y en menor medida, Alianza Democrática M-19). La violencia contra la Unión Patriótica no cesó. En las elecciones de 1992 se agravó el declive en la representación política cuando eligió 175 concejales, 14 alcaldes y 10 diputados, reduciendo su presencia territorial a solo 88 municipios. 115 En el periodo irrumpen masacres como la de caño Sibao el 3 de junio de 1992 y el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas el 7 de agosto de 1994.
A pesar de ello, la nueva carta política consagró el mandato constitucional de promover el acceso a la propiedad de la tierra como medio para avanzar en la consolidación de la paz, la justicia social, la democracia participativa y el bienestar de los pobladores del campo. También ratificó los derechos de los pueblos indígenas 116 y reconoció los de las comunidades afrodescendientes a la propiedad colectiva de sus territorios y a la autonomía en su manejo, conforme a sus usos y costumbres.
113. Sánchez y Chacón,“ Conflicto, Estado y descentralización”. 114. Véase: Bejarano. Democracias Precarias. 115. Registraduria Nacional del Estado Civil. Elecciones regionales 1992 116. Desde 1890( Ley 89) se reconocen los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas a la posesión de sus tierras.
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