Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del conflicto armado
se movilizaran en torno a la defensa y exigencia de los Derechos Humanos y las garantías judiciales. 67 Entre las entidades internacionales participaban Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 68 y entre las entidades nacionales se contaban la Procuraduría General de la Nación, los sindicatos y los partidos de izquierda, diversas organizaciones no gubernamentales como el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos y medios de comunicación como El Espectador y Alternativa.
Titular de prensa: El año de la tortura. 1979. Fotografía: Revista Alternativa, número 244
de la nación”. 65 De esta manera, la politización anticomunista militar se plasmó en una norma que amplió su influencia y autonomía y que permitió justificar las acciones represivas bajo el argumento de mantener el orden social. En palabras de Turbay:“ en los casos extremos en los que ante un ostensible vacío político que necesariamente conduce a la anarquía generalizada, las Fuerzas Armadas se ven precisadas a ejercer el poder”. 66
El Estatuto de Seguridad Nacional aumentó las penas por los delitos de secuestro, extorsión y ataque armado; permitió que tribunales militares juzgaran a civiles, y extendió la categoría de“ subversión” a la propaganda agitadora, la incitación a la revuelta y la desobediencia a las autoridades. Las arbitrariedades y abusos, entre ellos la tortura, derivados de ampliar las atribuciones de los militares en el contexto del estado de sitio, dieron lugar a que una serie de entidades nacionales e internacionales
65. Catalina Turbay,“ El Estatuto de Seguridad. Un estudio de caso”, en I Congreso de Ciencia Política( Bogotá: Uniandes, 1998), 5. 66. Turbay,“ El Estatuto de Seguridad”, 15.
Esta movilización contrastaba con el apoyo unánime que los partidos tradicionales, los gremios económicos y otros sectores de la prensa manifestaban al Gobierno y a las Fuerzas Militares. Las presiones de los mandos militares se agudizaron con la declaratoria de inexequibilidad que hizo la Corte Suprema de Justicia de varios Artículos del estatuto; con los avances de las guerrillas, y, especialmente, con la popularidad política y social que había alcanzado el m-19 gracias a sus acciones espectaculares. Entre estas se contaban el robo de las armas del Cantón Norte, en 1978, y la toma de la Embajada de la República Dominicana, en 1980, donde el embajador de Estados Unidos fue tomado como rehén.
Los militares inculpaban a los miembros del Partido Comunista y de las organizaciones sindicales, incluida la moderada utc, de apoyar la lucha armada. El ministro de Guerra, el general Luis Carlos Camacho Leiva, consideraba insuficientes las medidas consagradas en el Estatuto de Seguridad, mientras que el jefe del Ejército, el general Fernando Landazábal, afirmaba que era imposible combatir la subversión sin eliminar las condiciones objetivas y subjetivas que impedían el consenso nacional en los aspectos político, social y económico. Por eso, Landazábal proponía
67. En vigencia del Estatuto se denunciaron 82.000 detenciones arbitrarias y torturas en las guarniciones militares, contra antiguos miembros del epl, el eln y otros grupos de izquierda y contra estudiantes de universidades públicas. Además se denunciaban violaciones de Derechos Humanos( censura, allanamientos, desapariciones y juicios militares contra manifestantes y huelguistas). Véase: gmh, El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare( Bogotá: Taurus / Semana, 2012). 68. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. OEA / SER. L / V / II. Doc. 22 de 1981.
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