INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica
En su momento, el presidente López Michelsen definió el paro cívico como un pequeño 9 de abril, en alusión a lo ocurrido en la capital luego del asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. El paro cívico también marcó una ruptura histórica para el régimen bipartidista, pues puso en crisis su legitimidad y minó su hegemonía. También evidenció el vaciamiento social de su estructura, pues las protestas probaron que el Partido Liberal— el partido político mayoritario— había perdido completamente la capacidad para canalizar el conflicto social como lo había hecho con relativo éxito desde la década de 1930. 63
Mientras en el país urbano la protesta detonaba por la crisis inflacionaria de la época, en el país rural se profundizaba el modelo de desarrollo rural adoptado por el Gobierno Pastrana que privilegiaba la agricultura capitalista, protegida y subsidiada, frente a la competencia externa. En este marco se concretó el viraje de la institucionalidad rural con respecto a la economía campesina: se reemplazó la política distributiva de la tierra, ejecutada por el incora, por una política de productividad y comercialización que reforzara la economía campesina en las regiones más integradas, a través de la implementación del programa de Desarrollo Rural Integral ‐ dri. Con esto se cerraba el ciclo de la reforma agraria, y la estrategia de contención del problema agrario se centraba en la estabilización de la economía campesina en las regiones integradas y la ampliación de la frontera agrícola con la adjudicación de baldios.
Esta estrategia fungía como válvula de escape para un problema agrario que no se resolvía, entre otras razones porque este se desplazaba con la ampliación de la frontera agrícola, y de paso, volvía más desigual y precaria la integración territorial y económica del país. Estos aspectos, sumados al malestar urbano, acabaron por generar las condiciones para la proliferación de actividades ilegales, una de cuyas más importantes manifestaciones fue la aparición del narcotráfico. Los cultivos de marihuana sustituyeron a los de café en La Guajira y en la Sierra Nevada de
63. Luis Alberto Restrepo,“ Movimientos cívicos en la década de los ochenta”, en Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años ochenta, eds. Francisco Leal Buitrago y León Zamosc, 381-409( Bogotá: iepri / Tercer Mundo, 1990).
Santa Marta, y los laboratorios para procesar pasta de coca proveniente de los países andinos se multiplicaban en las periferias. Se hablaba entonces de la entrada de“ capitales subterráneos” en la economía, del ascenso de“ clases emergentes” de dudosa procedencia y de la penetración de las mafias en la vida política regional y local.
En contraste con el ascenso de la movilización social, el epl y el eln daban señales de una actividad decreciente y marginal, tras la cual se hubo una serie de replanteamientos en sus estrategias de guerra y distanciamientos con sus referentes revolucionarios internacionales. El epl empezó a tener el maoísmo como referente luego de la distensión entre China y Estados Unidos. Por su parte, el eln replanteó su cercanía con el foquismo de la Revolución Cubana y su acercamiento al paradigma de la revolución sandinista que cuestionaba la absolutización de la lucha armada y reconocía el potencial revolucionario de la lucha social y política. A diferencia de estas organizaciones, las farc continuaban expandiéndose, en particular hacia el Magdalena medio y el Urabá, sin escapar a la influencia que el triunfo de la revolución sandinista ejercía sobre su proyecto revolucionario y a la creciente presión de nuevos sectores que reclamaban más autonomía frente a la subordinación al Partido Comunista.
Para desactivar esta situación conflictiva en lo político y militar, la respuesta estatal del Gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala fue predominantemente militar. Puso en marcha una política de seguridad, cuyo principal instrumento fue el Estatuto de Seguridad Nacional, 64 un cuerpo doctrinario y normativo que instrumentalizó la Doctrina de Seguridad Nacional y con ella el concepto del enemigo interno, entendido como“ cualquier adversario político que opera dentro de las fronteras
64. Decreto 1923 de 1978. Como antecedente de esta norma está la comunicación dirigida al presidente López por 33 generales y almirantes, encabezada por su comandante general, Luis Carlos Camacho Leyva, en la que exigían la adopción de medidas que les permitieran a los militares defender a la nación, días después del paro de 1977 y del asesinato del exministro de Gobierno Rafael Pardo Buelvas. Véase: Francisco Leal, El oficio de la guerra, la seguridad nacional en Colombia( Bogotá: iepri, Tercer Mundo, 1994), 22.
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