Artículos de las Comisiones del CNAED Volúmen 1. Septiembre 2017. | страница 11

la Ley, estriba en regular la prestación del servicio de la defensoría pública en el Estado de México, a
fin de garantizar el derecho de defensa en materia penal y el acceso a la justicia, mediante la
orientación, asesoría y patrocinio jurídico. Establece la creación del Instituto de la Defensoría
Pública, como un organismo público autónomo de carácter permanente, con autonomía de gestión y
presupuestaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio, incorpora un glosario de los términos
que tendrán utilización específica en el cuerpo de la Ley, permitiendo su fácil lectura y correcta
aplicación y define el patrimonio del Instituto de la Defensoría Pública.
CONCLUSIÓN:
En el Estado Mexicano, están protegidos los habitantes, con asistencia jurídica, sin embargo
dadas las circunstancias de vulnerabilidad en la población, debido a violaciones al debido proceso
por parte de las propias autoridades mexicanas, y la falta de interés por parte de defensores
públicos, en brindar una representación, y patrocinio de calidad a la sociedad, ahí es donde nosotros
como abogados postulantes, debemos de otorgar un servicio de calidad, el cual sólo se logra con
capacitación constante, y con ello garantizar el acceso de manera inmediata a la impartición de
justicia a la que todo individuo tiene derecho de gozar.
PASANTES EN DERECHO.
La circunstancia de que los artículos 118 y 120 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de México, establezcan que aquéllos no podrán comparecer en cualquier actividad
jurisdiccional como abogados patronos, transgrede la garantía de libertad de trabajo.
Los artículos 118 y 120 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México que
establecen, respectivamente, que cualquier actividad judicial requiere del patrocinio de un abogado
con título legítimo y que en ningún caso serán admitidos como patronos individuos que no acrediten
haber obtenido título legítimo de abogado, además de que no se les permitirá figurar en las
audiencias o diligencias de cualquier naturaleza, ni enterarse de actuaciones o revisar expedientes,
transgreden el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que
consagra la garantía de libertad de trabajo y que señala como único requisito para su ejercicio, el
que éste sea lícito, es decir, que no sea contrario a las leyes y que, en todo caso, se cumpla con los
requisitos previstos en ellas. Ello es así, porque si se toma en cuenta que la Ley del Ejercicio
Profesional para el Estado de México, como ley especial en la materia, además de hacer alusión a
las profesiones que requieren título para su ejercicio, al procedimiento para obtenerlo y a las
autoridades competentes para emitirlo, autoriza en su artículo 23 a los pasantes de las distintas
profesiones, entre ellas, la de licenciado en derecho, para ejercer la práctica respectiva por un
término no mayor de tres años, es inconcuso que al prohibir los mencionados artículos 118 y 120 la