Artículos de las Comisiones del CNAED Volúmen 1. Septiembre 2017. | Page 10

agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados para ponerlo en
funcionamiento. Es así que, con la finalidad de armonizar la legislación penal de nuestra entidad, con
el sistema de enjuiciamiento establecido por la Constitución Federal, se publicó, el nueve de febrero
de dos mil nueve, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno", el nuevo Código de Procedimientos
Penales para el Estado de México. Este ordenamiento prevé, de manera expresa, el derecho a la
defensa técnica que tiene el imputado desde la práctica de cualquier actuación policial, ministerial o
judicial y hasta el fin de la ejecución de la sentencia que imponga una pena o medida de seguridad.
Este derecho es irrenunciable y su violación dará lugar a la nulidad de las actuaciones. El imputado
tendrá derecho a ser asistido y defendido, pudiendo elegir a un defensor particular debidamente
titulado; de no hacerlo se le asignará un defensor público. Además de crearse una legislación
procesal penal, se han verificado reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, que han hecho posible el
establecimiento del sistema penal de carácter acusatorio, adversaria! y oral, regido por los principios
de inmediación, publicidad, contradicción, concentración y continuidad. Ahora bien, conforme al
artículo séptimo transitorio del nuevo Código de Procedimientos Penales para el Estado de México,
se dispone que "durante la vacatio legis deberán reformarse las leyes que regulen la competencia y
estructura de los órganos judiciales, de la defensoría de oficio, del ministerio público, de la policía,
así como la legislación penitenciaria.
En cumplimiento a lo anterior, los proyectos que se presentan, proponen reformar la
Constitución del Estado Libre y Soberado de México y abrogar la Ley de la Defensoría de Oficio del
Estado de México, publicada el 2 de enero del 2006, en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno",
para crear el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México como un organismo público
autónomo de carácter permanente, con autonomía de gestión y presupuestaria, con personalidad
jurídica y patrimonio propio y la ley que regula la defensoría pública en nuestra entidad estatal
respectivamente. Es un imperativo inexorable, establecer el c arácter de órgano constitucional
autónomo al Instituto encargado de la Defensoría Pública en nuestro Estado, pues de mantenerse el
sistema bajo el esquema actual de dependencia y subordinación, se compromete en forma orgánica,
la autonomía funcional de dicha institución. Al otorgarle este carácter, se garantizará una defensa
imparcial y en condiciones de igualdad con la contraparte. Se asegurará mantener separado al
órgano encargado de la defensa pública del de enjuiciamiento como del de acusación.
Cobra especial relevancia determinar el nombre de la Ley que se propone, haciéndolo congruente
con el objeto de la materia regulada, se utiliza la denominación de Defensoría Pública, con el objeto
de emplear el término que prevé la Constitución Federal y el Código de Procedimientos Penales para
el Estado de México. De tal suerte que, con la denominación "Ley de la Defensoría Pública del
Estado de México", es posible interpretar sus disposiciones y guardar el posicionamiento de la norma
que debe regir la institución de la Defensoría Pública. La estructura de la Ley de la Defensoría
Pública del Estado de México, conforme a la técnica legislativa, se divide en Títulos, subdivididos en
capítulos, los cuales circunscriben y desarrollan con suficiencia los diversos temas de la Ley. LEY
DE DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO 6 El Título Primero, prevé que el objeto de