Argumentos Socialistas Nº 3 Noviembre - Diciembre 2013 | Page 21

artículo, Los derechos sociales como mercancía, el profesor José María Vàlles describía
las consecuencias que tiene para la democracia llevar aquellas tesis al extremo (El País,
11/09/2013). La democracia, nos dice, terminará cuestionándose. Pero lo que me interesa
describir es el proceso de privatización de los derechos sociales.
Una vez asentada la idea de que los derechos sociales ocupan una posición subalterna,
¿qué papel juega el Estado para garantizarlos? No puede ser otra que una función
subsidiaria, es decir, el Estado pasa a un segundo plano. Y desde la premisa de que
carece de recursos para asegurarlos ya que lo prioritario, por ejemplo, es el pago de los
intereses de los créditos adquiridos por las Administraciones Públicas (Constitución
española, Art.135,3. el pago "gozará de prioridad absoluta"), resulta que la provisión de
tales derechos pasa a manos de la "iniciativa privada". Pero la iniciativa privada se mueve
conforme a la regla de la oferta y la demanda y, por tanto, transmuta el derecho en
mercancía y al ciudadano en cliente. Al
privatizarse la prestación de los derechos no
sólo se cambia el mecanismo de su uso (la
entrada y salida del servicio escapa a la
gratuidad y universalidad que suponen los
derechos), sino también transfigura al
agente (éste deja de ser portador del valor
de la ciudadanía para convertirse en usuario
de mercancías, es decir, consumidor).
Y así se salta del derecho del ciudadano al derecho del consumidor y se lamina el espacio
de lo público mediante la esfera de la competencia. El proceso finaliza en lo ineluctable: la
ruptura del principio de igualdad entre los ciudadanos y el repliegue del Estado a las
normas del mercado.
Vayamos ahora a los datos. En España el curso escolar 2013/14 se ha iniciado con
8.087.347 alumnos no universitarios, es decir, con 80.971 más que en el anterior y, a su
vez, hay 664.325 maestros y profesores, 18.642 menos que hace un año. El número de
becas para la compra de material escolar cayó a la mitad el año pasado (578.549 alumnos
perdieron el curso pasado esas becas), mientras que el IVA de los libros de texto subía del
4% al 21%. En algunas Comunidades (por ejemplo, Madrid) ha desaparecido por
completo el programa de becas de libros. Asimismo, hay un 20% menos de becas
comedor y al mismo tiempo se incrementan los casos de malnutrición infantil y juvenil. En
Madrid, buque insignia de las políticas del PP, el cierre de unidades escolares coincide
con la construcción de nuevos colegios privados concertados y, en educación infantil, el
50% de las famil ias se han visto obligadas a rechazar la plaza pública por no poder pagar
el coste de la misma, al tiempo que se mantiene el cheque bebé para 0-3 años con el
objetivo de que se apunten en escuelas privadas. Otro tanto ocurre con la Formación
Profesional y con la Universidad.
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