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JOSÉ ARTURO HERRERA LEÓN
La resistencia campesina en el Valle del Mezquital: el caso de la cementera Santa Anita
Así, mientras la cementera empezaba su construcción, los habitantes,
entre obreros, campesinos, amas de casa, pequeños comerciantes de las
comunidades El Palmar, Yolotepec, Patria Nueva, Zaragoza de Santiago de
Anaya y campesinos indígenas del municipio de San Salvador se organizaron
para conformar el Movimiento Indígena Santiago de Anaya, se vive…y se
defiende (MISA), con el fin de exigir se respetaran los derechos indígenas y
se protegiera el medio ambiente, ante el inminente daño que se avecinaba.
Cansados de la marginación y el autoritarismo, de acuerdo a lo que los actores
llaman los usos y costumbres del pueblo se dio la organización y se hicieron
reuniones a espaldas de las autoridades municipales, pues para la población
que resiste éstas se vendieron.
En los primeros meses del año 2011 se llevaron a cabo asambleas en
El Palmar y Santiago de Anaya, para informar sobre la afectación social
y ambiental que traería la empresa. Ahí salieron más cuestiones a relucir:
a los campesinos se les compró a bajos costos su tierra, con la promesa de
empleo y bonanza económica, por los beneficios de una empresa agrícola.
De igual forma se habló sobre la contaminación y el despojo del agua, pues
la cementera se asienta en la región hidrológica 26 Pánuco-Cuenca del río
Moctezuma-Subcuenca, una de las reservas acuíferas más importantes en el
paisaje árido del Mezquital.
En este proceso, los actores sociales vieron como el gobierno local hizo
oídos sordos a las demandas del movimiento, que se perfilaron a exigir la
suspensión de la obra y el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.
Cuando asistieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado y al gobierno
estatal, sus reclamos no fueron atendidos o fueron remitidos a instancias
nacionales como la SEMARNAT, pues el argumento fue que esta institución
había otorgado el permiso.
El primero de septiembre de 2010, el delegado federal de la SEMARNAT,
emitió la evaluación de impacto ambiental, para que se consultara a la población
en los siguientes diez días del dictamen y otra serie de recomendaciones sobre
cuidado ambiental. Pero éstas no se cumplieron y lo que más generó malestar
en la ciudadanía fue el cambio de uso de suelo que previamente hicieron
las autoridades del gobierno local como el Consejo Estatal de Ecología y la
propia SEMARNAT, para pasar de uso de suelo forestal, turismo alternativo,
ecológico y de flora y fauna, a minero e industrial, que junto con el agrícola
tienen la categoría de condicionados.
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