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JOSÉ ARTURO HERRERA LEÓN
La resistencia campesina en el Valle del Mezquital: el caso de la cementera Santa Anita
con el proyecto de la construcción de la planta Santa Anita. Los trámites ante
la SEMARNAT en lo referente a impacto ecológico y con el gobierno local,
se dieron de forma rápida y sin ningún obstáculo.
Ante lo que consideraron un engaño, diversos pobladores, desde septiembre
de 2010, empezaron a hacer reclamos sobre el tipo de empresa que se instalaría,
pues la destrucción que estaban haciendo del entorno no correspondía con lo que
esperaban sería un centro para el abastecimiento de semillas y mejoramiento
en la producción del campo. Ante la presión de los ciudadanos, incluso el
alcalde se pronunció para conocer la reglamentación y saber quiénes eran las
personas que habían adquirido los terrenos.
En un lapso corto, llegaron abruptamente camiones, maquinaria pesada y
se empezaron a tumbar la flora y fauna del lugar. La tranquilidad acostumbrada
en la que vivían los indígenas y campesinos de un momento a otro se vio
perturbada:
Vimos entrar y salir camiones y empezaron a arreglar la carretera, aquí en
la casa se paraban los camioneros y me pidieron que les vendiera algo de
comida y café, después ya no vinieron por aquí, ya estuvo lista la carretera
y ya pasaron directo… La verdad no estamos acostumbrados a esas cosas,
empezamos a sentir los temblores, como desde las cuatro de la mañana
empezaba a temblar la casa y se cuarte, después se vino lo de organizarnos
y exigirle al gobierno nuestros derechos, hicimos asambleas para informar
a nuestra gente de que esa empresa nos iba a perjudicar bastante (Entrevista
con el señor Isaías, Marzo de 2014).
Por la constante inconformidad de la población no es de extrañar que
el acto de colocar la primera piedra se haya dado con tanto sigilo. En ese
sorpresivo momento, las negociaciones ya se habían dado entre el gobierno
y la empresa, sin consultar ni tomar en cuenta la opinión de los santiaguenses
y los municipios colindantes que serían afectados.
Fue a partir de ese momento que la alerta en las comunidades se hizo
patente. Si bien se prometía el desarrollo para la región, por la construcción
de un camino de 8.5 kilómetros, la línea de alta tensión de 25 kilómetros y
la sustentabilidad para el cuidado de especies nativas, esto no hizo más que
intensificar las protestas. Los daños ecológicos serían mayores a los que se
establecían como impacto ambiental, sin que hubiera respeto a los derechos
y tratados nacionales e internacionales.