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JAVIER PICHARDO SERVIN
Las ONG en contra de la siembra de maíz genéticamente modificado en Oaxaca
Con la solicitud de los primeros permisos para siembra experimental,
algunas ONG acudieron a instancias internacionales y nacionales para evidenciar
el actuar del gobierno federal, interpusieron quejas ante distintas instancias como
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Procuradora
General de la Republica (PGR). Durante el 2010 distintas organizaciones
interpusieron algunos recursos legales, como amparos en contra de los primeros
permisos que autorizaban la siembra experimental.
Las redes de resistencia que se crearon durante estos años, de las cuales
las ONG fueron partícipes, permitieron que las acciones y estrategias para
proteger el maíz nativo ante la siembra de maíz GM se diversificaran por
el país, no sólo tenían que ver con el trabajo de base en las comunidades,
sino también a nivel mediático, jurídico y el fortalecimiento de los proceso
regionales, ante la solicitud en 2010 de nueve permisos para siembra piloto
de maíz GM en Tamaulipas, Nuevo León y Sinaloa.
En algunos lugares, se desarrolló un complejo nivel de coordinación
entre los actores, “logrando la participación de los gobiernos locales o de los
representantes populares de esos estados, con compromisos y acciones de
diversa índol” (Carreón y San Vicente, 2011:204). Las ONG, apoyaron en
los “procesos de articulación para la divulgación y la generación de luchas
de resistencia a nivel regional, así como trabajo de incidencia en políticas
públicas y de luchas legales” (RALL, 2009: 98).
Muestra tanto de la incidencia pública como de lucha legal de las ONG, fue
la realizada por el grupo Vicente Guerrero A.C., con la aprobación en el estado de
Tlaxcala de la “Ley Agrícola de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio
Originario en Diversificación Constante y Alimentario para el Estado de
Tlaxcala”, la cual prohíbe la experimentación, almacenamiento, distribución
y comercialización de semillas GM, a fin de proteger el germoplasma que
dio origen al maíz y sus razas, al ser considerado el estado centro de origen
y diversificación del maíz (Pichardo, 2011).
Es a finales de ese mismo año que empieza a sesionar el Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP), el cual impulso audiencias como “La
violencia contra la vida campesina y los ámbitos territoriales de los pueblos
indígenas” (Vera, 2014), que permitió la proliferaciones de espacios de
discusión y la sistematización de los agravios cometidos por las empresas y
gobiernos al maíz nativo.
Es bajo este contexto que a finales de 2012 Monsanto, Pioneer y Dow
AgroSciences, solicitan los primeros permisos para siembra comercial de maíz
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