ISBN 0124-0854
N º 190 Agosto de 2012 masivamente recursos de los más pobres a los más ricos.
La corrupción, que es una de las manifestaciones más notables de la ilegalidad, es en realidad una gigantesca maquinaria para transferir recursos públicos a manos de particulares y proteger y favorecerla operación de las industrias ilegales.
Un principio de acuerdo en la sociedad acerca de esta cuestión tendría que ir más hacia al fondo, que la aprobación formal de normas o leyes; ir hacia la ética. La Constitución Política de 1991 es en sí misma un acuerdo sobre ética de lo público que aun requiere consenso social a su alrededor; el acuerdo podría ser expresado así: la sociedad, en general, y el Estado, en particular, están hechos para honrar la dignidad de las personas, y esa dignidad se concreta en los derechos humanos. El acuerdo moral y ético fundante del orden social tendría que ser el reconocimiento de que cada persona es un sujeto de derechos. Y obrar en consecuencia.
El caso es que si se quiere ser congruente con este planteamiento, debe reconocerse, a renglón seguido que, para realizarlo, se requiere Estado de Derecho. Es decir, un montaje institucional,
con amplio respaldo y vigilancia social, que administre los recursos públicos para garantizar los derechos de todos, regido por una normatividad preexistente( Constitución Política, leyes, normas de distinto nivel). La sangre del Estado de Derecho es la legalidad, una normativa constituida legítimamente.
En el debate público sobre este principio surge siempre una primera objeción: que en nuestro sistema político, el Congreso de la República, la fuente institucional de producción de leyes, carece de toda legitimidad. Sin duda alguna, allí estamos ante tremendo problema. Nuestro Congreso ha tenido períodos donde la presencia de aliados o representantes directos de la ilegalidad ha sido la característica. ¡ Una vergüenza! Pero frente a esta objeción hay por lo menos tres argumentos que devuelven la razón a quienes propendemos a la defensa de la legalidad y la institucionalidad que la representa.
El primero es que la fuente superior de la legitimidad normativa está, no en el Parlamento, sino en la Constitución Política de 1991 que, aun con baches y problemas, es un punto de partida adecuado para reglar una sociedad moderna y respetuosa. El segundo es que no sólo la normativa que nos rige proviene