ISBN 0124-0854
N º 190 Agosto de 2012 masivamente recursos de los más pobres a los más ricos .
La corrupción , que es una de las manifestaciones más notables de la ilegalidad , es en realidad una gigantesca maquinaria para transferir recursos públicos a manos de particulares y proteger y favorecerla operación de las industrias ilegales .
Un principio de acuerdo en la sociedad acerca de esta cuestión tendría que ir más hacia al fondo , que la aprobación formal de normas o leyes ; ir hacia la ética . La Constitución Política de 1991 es en sí misma un acuerdo sobre ética de lo público que aun requiere consenso social a su alrededor ; el acuerdo podría ser expresado así : la sociedad , en general , y el Estado , en particular , están hechos para honrar la dignidad de las personas , y esa dignidad se concreta en los derechos humanos . El acuerdo moral y ético fundante del orden social tendría que ser el reconocimiento de que cada persona es un sujeto de derechos . Y obrar en consecuencia .
El caso es que si se quiere ser congruente con este planteamiento , debe reconocerse , a renglón seguido que , para realizarlo , se requiere Estado de Derecho . Es decir , un montaje institucional ,
con amplio respaldo y vigilancia social , que administre los recursos públicos para garantizar los derechos de todos , regido por una normatividad preexistente ( Constitución Política , leyes , normas de distinto nivel ). La sangre del Estado de Derecho es la legalidad , una normativa constituida legítimamente .
En el debate público sobre este principio surge siempre una primera objeción : que en nuestro sistema político , el Congreso de la República , la fuente institucional de producción de leyes , carece de toda legitimidad . Sin duda alguna , allí estamos ante tremendo problema . Nuestro Congreso ha tenido períodos donde la presencia de aliados o representantes directos de la ilegalidad ha sido la característica . ¡ Una vergüenza ! Pero frente a esta objeción hay por lo menos tres argumentos que devuelven la razón a quienes propendemos a la defensa de la legalidad y la institucionalidad que la representa .
El primero es que la fuente superior de la legitimidad normativa está , no en el Parlamento , sino en la Constitución Política de 1991 que , aun con baches y problemas , es un punto de partida adecuado para reglar una sociedad moderna y respetuosa . El segundo es que no sólo la normativa que nos rige proviene