ISBN 0124-0854
N º 190 Agosto de 2012 de Senado y Cámara; hay otras fuentes de jurisprudencia y doctrina normativa, como la Corte Constitucional de la que la ciudadanía colombiana puede sentirse orgullosa por su persistente— y valiente, en ocasiones— producción de buenas normas. Y lo tercero es que si hay vacío de legalidad, éste termina siendo llenado por la arbitrariedad; en ambientes en los que la soberanía se ejerce por parte de normas de hecho, impuestas de manera arbitraria por alguien o, peor aun, por parte de agrupaciones criminales, los más débiles terminan pagando más caros los productos y servicios que cualquier otra persona en la sociedad, y viendo pisoteada por completo su dignidad.
De ahí que sea necesario hacer una propuesta a la sociedad: encaremos la situación, reconozcamos el problema, hagamos de él un asunto de debate público, en su magnitud y en su complejidad, y construyamos acuerdos sociales para prevenirlo y enfrentarlo. No nos acostumbremos a la ilegalidad. Corresponde a los gobiernos, con herramientas de transparencia y buen gobierno 1 orientar la inversión de los recursos a la realización de los derechos de las personas a partir del reconocimiento de su dignidad.
Tales propósitos aquí esbozados requieren compromisos del conjunto de la sociedad. La universidad no está exenta de ello. Tanto por su propia problemática interna, que no es simple ni es menor, como por su deber de ilustrar a la sociedad, de ayudar con argumento, estudio e investigación a enriquecer el debate público para que vaya más allá de los enjuiciamientos morales.
Es lógico que un tema así concite la polémica y la diferencia. Lo único es que en la actualidad es necesario hacerlo desde una postura ética clara. Y frente al tipo de ilegalidad que tenemos en Colombia que, como ya se expresó, es profundamente reproductora de las injusticias y la desigualdad, no son convenientes ni la ambigüedad ni la tolerancia con ella. La ilegalidad es un grave problema que debe superarse.
Nota 1“ Los criterios con los que el buen gobierno se
distingue del malo son sobre todo dos: primero, el gobierno para el bien común; segundo, el gobierno que se ejerce de acuerdo con las leyes establecidas, que es diferente del gobierno arbitrario”( Bobbio, Norbert, El futuro de la