ISBN 0124-0854
N º 124 Agosto de 2006
Una de las características de la Constitución de 1991 fue la de poner el tema de los servicios públicos domiciliarios como uno de los sobresalientes. La Asamblea Constituyente presentó sobre el tema 31 proyectos 6 e incluso le dio más importancia que a otros temas clásicos del derecho constitucional. La importancia radica en que en este tema se encuentra, en buena medida, la esencia de la concepción del Estado que se quiere.
Antes de 1991, los servicios públicos domiciliarios eran prestados de manera exclusiva por el Estado; a partir de esta fecha, el sector privado comenzó a compartir responsabilidades con el Estado. Pero esto no fue siempre así: hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX( 1875-1910), estos servicios eran suministrados por el sector privado, bajo concesión, lo que le daba un carácter suntuario al servicio. 7 El papel del Estado era prácticamente nulo. Pero debido a una serie de tensiones en el modelo, fue necesario que las entidades territoriales municipales se pusieran al frente de la prestación del servicio, dando origen a la intervención directa del Estado. Hasta 1950 y después de la Reforma Constitucional de 1936, el Estado asumió un papel cada vez más intervencionista, de fomento de estas actividades.
Finalmente, en la década de 1950 y hasta 1990 se presentó un dominio absoluto por parte del Estado en la prestación de los
servicios públicos domiciliarios, lo que les acarreó grandes beneficios: se modernizó el sector, se amplió la cobertura, se multiplicó la inversión y se pudo atender con más rapidez a las necesidades sociales. De esta forma y hasta 1991, los servicios públicos domiciliarios en Colombia se convirtieron en una actividad propia del Estado, que se encargaba de hacer grandes inversiones y cumplir con las funciones de planificación del servicio, otorgando subsidios, de acuerdo con sus políticas redistributivas, y promoviendo la equidad desde este sector. 8
En la década de 1990 se dio un giro en esta concepción del Estado con relación a los servicios públicos domiciliarios. Las razones son diversas: una baja capacidad de financiamiento, desfase en las inversiones e ineficiencia en el manejo de las empresas públicas. Para algunos lo más grave fue el carácter subsidiario del Estado, pues hizo que la industria asumiera pérdidas constantes y déficit financieros crónicos. En palabras de Salomón Kalmanovitz:
La ausencia de incentivos para alcanzar eficiencia y niveles tarifarios que no reflejaban los costos anuales condujeron al pobre comportamiento de las empresas estatales que acumularon gigantescos déficit. Los incentivos inadecuados surgieron de la falta de