ISBN 0124-0854
N º 124 Agosto de 2006 lo que las reglas anteriores han dejado como opciones válidas. 2
En esta línea de ideas, el presente escrito analiza la Constitución Política colombiana de 1991, mostrando el giro en la concepción de Estado que se tenía hasta la fecha, desde el punto de vista de su modelo económico. Hasta 1991, el Estado colombiano se caracterizaba por ser centralista, proteccionista, con una carga tributaria baja, un gasto social reducido y un banco central de fomento. El actual modelo, imperante desde 1991, se caracteriza por lo contrario: administrativamente descentralizado, con gasto social amplio, con procesos de privatización de algunas empresas del Estado, con un banco central comprometido en reducir el nivel de inflación y, sobre todo, oferente de una mayor libertad económica para los agentes. Lo paradójico es que, a pesar de este giro, se puede decir que en sentido económico, con la Constitución, conviven en Colombia dos visiones contrapuestas del Estado.
Situación claramente visible en los servicios públicos domiciliarios, los cuales, antes de 1991, se caracterizaban por ser propios de un Estado de bienestar; y ahora, por ser propios de una mezcla entre un Estado liberal y otro de bienestar. El ejemplo de los servicios públicos domiciliarios se hace atendiendo a la tesis que el exPresidente colombiano Alfonso
López Michelsen sostuvo a finales de los ochenta, cuando advertía que existían dos formas de hacer visible al Estado: una, a través del uso legítimo de la fuerza como ejercicio soberano; y la otra, a través de la prestación de los servicios públicos. 3 Pero antes de entrar en materia, bien vale precisar algunos elementos teóricos que permiten mostrar los dos tipos de Estados: el liberal y el benefactor.
Las dos tradiciones en la intervención del Estado
La teoría económica históricamente realiza una tipología de Estado, dependiendo del papel que cumple en la economía. Dos de estas tipologías son el Estado liberal y el Estado benefactor. El primero se caracteriza por respetar las reglas de juego del mercado; el segundo, por considerar que el libre juego de los agentes económicos no es suficiente para lograr el crecimiento y el desarrollo aceptable para la sociedad. El liberalismo económico sostiene que el Estado no debe intervenir en la actividad económica; lo que debe hacer es propiciar un ambiente adecuado para que los agentes actúen en el mercado. Los defensores del Estado intervencionista exigen de éste que cumpla un papel clave en el desarrollo, al mejorar la redistribución del ingreso.