ISBN 0124-0854
N º 96 Febrero 2004
El concepto
de ciudadanía
Por Alfonso Monsalve Solórzano
El concepto de ciudadanía denota inclusión en la comunidad política de un estado. En efecto, entre el conjunto de los habitantes de un determinado estado, la ciudadanía diferencia entre aquéllos que poseen determinados derechos y los que no los tienen. Un ciudadano es un habitante portador de derechos que un estado le reconoce, según una de dos tradiciones jurídicas: haber nacido dentro de su territorio [ derecho de suelo), como en Colombia, o ser descendiente del núcleo étnico originario [ derecho de sangre), como en Alemania. Por supuesto, el derecho de ciudadanía se extiende, en cada estado, a otros casos, por ejemplo, a los hijos [ y, en ocasiones, como en España, a nietos) de un nacional nacido en el exterior o a inmigrantes que cumplen determinadas condiciones de tiempo de permanencia e inserción fijados por las autoridades. Pero en todos los casos, al incluir a determinados grupos sociales, se excluye a otros, como los inmigrantes ilegales o los residentes legales que aún no se han naturalizado [ alcanzado la ciudadanía), quienes no gozarán de [ todos) los beneficios otorgados por el hecho de poseer la
ciudadanía. En las democracias occidentales los derechos se originan en dos tradiciones: la democrática y la liberal. La primera se refiere al conjunto de derechos de participación política de los ciudadanos, por ejemplo, a elegir y a ser elegido en cargos de representación pública. La segunda, al conjunto de derechos que protegen la vida y la autonomía de cada individuo frente a las acciones del estado y de otros individuos. La tradición democrática se remonta a las democracias de las Ciudades-Estado griegas y a la República romana. En Atenas y Roma, durante ciertos períodos de su historia, el Gobierno fue ejercido por los ciudadanos [ hombres, libres, mayores de edad y que no dependían económicamente de otros), quienes eran la fuente de la ley a la vez que sus destinatarios. Los libres tenían el derecho de participar en la toma de decisiones, pero éstas eran de obligatorio cumplimiento y los individuos debían someterse irrestrictamente a ellas. La voluntad política de la comunidad primaba sobre la voluntad individual, que no tenía ningún margen de maniobra frente a aquélla. Esta tradición fue retomada por las