ISBN 0124-0854
N º 69 Julio de 2001
venir, la de uno que se vuelve todos. De alguna manera la reflexión difícil es la contraria. La del mundo que se hace persona, la de todos que se hacen uno. Para que el corazón de cada hombre le permita volar, es necesario que todos los hombres se hagan uno. El ritual de Yuruparí sólo se puede hacer si hay comunidad; sin comunidad, el ritual es vacío. Sin la organización indígena no es posible que uno sea parte de todos los pueblos indígenas; sin comunidad universal, no es posible sostener el mundo.
Nuestras leyes de origen, nuestro derecho mayor, asumen la responsabilidad con todos los pueblos del mundo; es un derecho de nosotros, para nosotros y para todos. No son unas leyes subterráneas … sino del centro de la tierra, lo que es muy diferente; no son leyes para la cocina … sino que nacen del fogón, que también es muy diferente; no son leyes chiquitas … sino que atienden a los animales y a las hierbas indefensas y eso es diferente. Son leyes para la vida y para después de la vida, porque también hay deberes y derechos de los muertos y con los muertos. El Estado afirma que nuestro país es pluriétnico y multicultural y también nosotros, pero creemos que, a pesar de eso, no hablamos de lo mismo, porque no se habla con el corazón: No hablamos de lo mismo cuando se intenta sujetar los regímenes jurídicos indígenas a un pensamiento occidental, tratando de aplicar criterios como la universalidad de los derechos humanos del
individuo, mientras nosotros hablamos de la ley de la madre tierra y los derechos colectivos. No hablamos de lo mismo, cuando se insiste en el debido proceso a la usanza blanca, cuando se exigen pruebas empíricas para demostrar que un jaibaná está haciendo daño, o que un conjuro está operando o que alguien hizo mal de ojo, al tiempo que nuestros mayores han soñado, o adivinado quién es el responsable. Nuestra ley tiene su tiempo y su espacio y no es el tiempo del Estado, sino el de los sueños de los taitas y los mamos, o el de las estrellas.(…) Nuestras leyes de origen, nuestro derecho mayor, no tienen obsesión con los criminales y los delincuentes— entre otras cosas porque sí los hay, llegaron con la propiedad y con el lucro—; antes que eso, nacieron para decirnos que cuando siembras yuca debes sembrar dos, porque si una no nace, la otra vivirá. Para saber, como los Emberá Chamí, que se debe sembrar suficiente maíz para la gente … pero también para las ardillas y los micos; para decirnos que hay que pagar a la Madre Tierra el árbol que se corta; para decirnos que el principio de la existencia se comprende al final de la vida; para decirnos que debemos ayunar en los meses que suben los peces a desovar; para exigirnos que mantengamos vivas las fuentes de agua; para decirnos que todo está sostenido, que el rwiria( petróleo en lengua Uwa) y las piedras están trabajando, que los hijos de mi hermano son mis hijos, y padre el hermano de mi padre. Nuestras leyes de
origen, nuestro derecho mayor, van más allá del lucro y la muerte.
Junto a un reconocimiento formal de los derechos, viene el retroceso real de nuestra autonomía y la negación a que ejerzamos el derecho a decidir qué pasa en nuestros territorios. Y si no es así, ¿ para qué la jurisdicción interna? ¿ Una jurisdicción para decidir sobre el robo de gallinas, pero que no puede decidir sobre una carretera o un canal que nos parte el cuerpo y nos llena de enfermedades como la prostitución y la miseria? ¿ Una jurisdicción para controlar a los indígenas que pescan con barbasco o tumban árboles, pero que no puede hacer nada cuando Urrá impide que nazcan peces, o cuando Madarién arrasa un bosque? Pero no es solamente con el estado colombiano con el que tenemos este debate para que se nos mire integralmente: el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, las fuerzas insurgentes, el Banco Interamericano de Desarrollo, nos ven por pedacitos y escogen sólo una parte, la que les interesa: como poblaciones con problemas, pero sin el derecho a la auto – representación; como base social para las acciones políticas, pero sin derecho a control territorial; como posibles interlocutores de las políticas regionales, pero sin participación en la definición