ISBN 0124-0854
N º 70 Agosto de 2001 dedicados al estudio y promoción de la cucurbitácea, decidió abrir una minuciosa investigación sobre la nueva burocracia de la auyama y los cuantiosos gastos que causaba al Erario público. Después de varios meses de pertinaz, y a veces infructuosa pesquisa debido a la poca cooperación de los Ministerios y organismos involucrados, pudo saberse que los gastos gubernamentales que se destinaban a la promoción de este cultivo alcanzaban los 570 millones de pesos, o sea casi la misma cantidad derivada de su exportación a los mercados mundiales.
Cuando los informes de la Contraloría se hicieron de dominio público, la Cámara de Representantes se sintió en la obligación de intervenir para poner orden en este controvertido asunto. La Comisión de Agricultura de la Cámara nombró en seguida la Subcomisión de Auyamacultura, que se abocó de inmediato al estudio de la documentación que tanto la Contraloría como los diferentes Ministerios y Planicor tenían al respecto. Las tres toneladas y media de documentos fueron recogidas pacientemente y llevadas al Palacio Legislativo para su eventual estudio.
Como la investigación requería varios meses sólo para comenzar a ordenar una copiosa información, la Cámara se declaró en sesión de emergencia para tomar medidas heroicas. Como el gobierno tenía mayoría en el Congreso se resolvió – después de arduos debates donde
siempre se hicieron constar los votos negativos de los representantes de los partidos de oposición – dar amplios poderes a Planicor para que su Comisión Interministerial e Interdisciplinaria presentara un proyecto de ley en el perentorio término de seis meses para estructurar racional y científicamente esa riqueza nacional constituida por la auyama, y a esos efectos recomendar los impuestos necesarios para que se pudiera financiar ampliamente los esfuerzos de coordinación y organización, que tanto necesitaba la agroindustria de la " cucúrbita máxima ". En ese año, entretanto, las exportaciones alcanzaron la cifra de mil millones de pesos. Más de cien países eran ahora asiduos consumidores de auyama.
En el tiempo establecido, poco más o menos, Planicor pudo presentar al Congreso un excelente proyecto de ley para la promoción del cultivo e industrialización de la auyama, que establecía en su parte resolutiva:
1. Un precio tope de venta de la auyama, de veinte centavos el kilo, a fin de evitar el enriquecimiento excesivo de los auyamacultores, así como la especulación. Esta parte fue recibida con cálidos aplausos de los congresistas por constituir una magnífica medida anti – inflacionaria.
2. La creación del Registro General de Auyamacultores, con el objeto de conocer la ubicación de sus haciendas, poderles prestar asistencia técnica, y darles sus licencias de cultivo, venta y
exportación. Aquí todos los congresistas del partido oficial vitorearon a los autores de tan trascendental proyecto de ley.
3. Un impuesto de exportación, de $ 1 por kilogramo de auyama, a fin de poder controlar la salida de esta valiosa fuente de divisas, y evitar así que las multinacionales fueran las que se beneficiaran del trabajo y el sudor de los auyamacultores. Aquí fueron aún más las expresiones de júbilo y de afirmación nacionalista.
A los pocos días se publicaba en los periódicos de mayor circulación del país la convocatoria para inscribirse en el Registro General de Auyamacultores. La documentación a presentar era muy sencilla: 1) Inscripción de nacimiento; 2) Partida de bautismo; 3) Cédula de Ciudadanía; 4) Solvencia; 5) Pasaporte vigente, con visa para los países donde se pretendiera exportar el producto; 6) Certificado de Antecedentes Penales; 7) Cuatro fotos de perfil y cuatro de frente, en mate, tamaño pasaporte; 8) Carta de recomendación del Presidente Municipal; 9) Certificado de buena conducta expedido por la Policía Judicial; y 10) Carta de los Respectivos Ministerios de Agricultura y Ganadería, Fomento, y Economía, certificando que se es auyamacultor bona fide. Copia autenticada por el Ministerio de Justicia de los anteriores documentos, debería presentarse personalmente, cualquier martes hábil entre 10 y 12 de la mañana, en la receptoría de la Comisión Interministerial e Interdisciplinaria para el