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VIDAMÉDICA / COLUMNAS DE OPINIÓN
Columnas de
OPINIÓN
ANTOFAGASTA,
OTRA ZONA DE SACRIFICIO
Dr. Hugo Benítez
Secretario Regional y Pdte. Dpto. Medioambiente
del Colegio Médico Antofagasta
Detrás de nuestra vida basada en nuevas tecnologías, encontramos una realidad me-
diocre: la de extracción de materias primas con consecuencias sociales, de salud y
ambientales. En el patio trasero de nuestra sociedad de consumo, las multinacionales
violan los derechos humanos más fundamentales con la complicidad de los estados.
La región de Antofagasta es un típico ejemplo de ello. La falta de agua para la po-
blación y la gran minería del cobre, obligó a obtener este recurso del Río Salado en
1958, que contenía concentraciones de arsénico de entre 600 y 900 µg/L. Los médicos
pusieron la voz de alerta y en 1971 comenzó a funcionar una planta de abatimiento
de arsénico, disminuyéndolo a entre 50 y 100 µg/L. Recién en 2003 se cumple con la
norma internacional de 10 µg/L.
Se suma a ello el plomo que se acopiaba a granel al aire libre en los patios de ferro-
carril. En 1997 se produjo una intoxicación en varios niños, lo que obligó en 1998 que
fuese sacado de la ciudad. Pero en 2006 se denunció que había contaminación en las
calles, lo que se llamó “la ruta del plomo”. En 2010 se logró que fuese aplicada una
nueva norma para su traslado, pero no incluyó el concentrado de Zinc, que también
contiene plomo.
En 2014, la contaminación alrededor del puerto resultó ser 4 a 10 veces más que en
2006 en Plomo, Zinc y Arsénico y otros metales pesados. En 2015, se tomaron muestras
de sangre y pelo a niños, que demostraron estar contaminados con estos compuestos.
Las protestas de la población han generado que se multe a las empresas y se exija la
limpieza de los suelos, mitigaciones que se han cumplido a medias.
En agosto de 2018, el Colegio Médico presentó un recurso de reclamación ante el
1° Tribunal Ambiental de Antofagasta, que considera inconstitucional las resolucio-
nes que autorizaron el aumento de la extracción, transporte, acopio y embarque de
concentrados de Minera Sierra Gorda, a través del puerto de Antofagasta, que fue
acogido exitosamente.
Las autoridades de la región no han tenido la capacidad ni la voluntad política de ter-
minar con este flagelo. Peor aún, han seguido aprobando proyectos sin los estudios de
impacto ambiental necesarios ni la consulta a la ciudadanía. Por su parte, el Colegio
Médico, desde hace 20 años, ha intervenido para sensibilizar a las autoridades sobre
la importancia de cuidar el medio ambiente.
Se comprende que los beneficios de la gran minería son muy importantes, pero no es
aceptable que se realice sacrificando zonas habitadas. Mientras no se demuestre que
estos proyectos son absolutamente limpios, deben hacerse lejos del radio urbano para
evitar el riesgo y el daño para las personas.
Las multinacionales deben invertir en una gestión más sostenible y responsable, con
consideraciones éticas y medioambientales para resguardar el futuro de las genera-
ciones posteriores. Eso es lo que demandamos.
QUINTERO:
UNA CRISIS ANUNCIADA
Dra. Juanita Fernández
Pdta. Dpto. DD.HH., Medio Ambiente
y Biodiversidad, Regional Valparaíso.
Valparaíso es una región industrial,
minera, agrícola, pesquera y turística,
donde, en espacios pequeños, coexis-
ten industrias con poblaciones, culti-
vos y ecosistemas protegidos.
Como nuestro Colegio desde sus orí-
genes ha apuntado tanto a lo gremial
como lo social y considerando que
en nuestra región existían problemas
medioambientales de larga data que
podían estar amenazando la salud,
en 2017 decidimos involucrarnos en
el tema.
Comenzamos con una recopilación
y análisis de la información, donde
saltaron a la vista algunos hechos
que hicimos ver oportunamente a
las autoridades, mediante el infor-
me “Contaminación y Salud, Región
de Valparaíso” de junio de 2018. Por
mencionar algunos, según datos de
la Seremi, la tasa de mortalidad por
cáncer en la región era mayor que la
nacional y Puchuncaví tenía la más
alta; la región carecía de estaciones
de monitoreo independientes de la
calidad del aire accesibles en red; así
como de protocolos para preemer-
gencias o emergencias sanitarias por
emisiones tóxicas químicas. Los da-
tos eran gestionados por las mismas
empresas contaminantes, con normas
de emisión propias, sin considerar su
sumatoria ni eventuales interacciones
químicas de elementos en un mismo
espacio aéreo.
Asimismo, desde 1994 no ha-
bía legislación ni monitorización