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La ONG pone como ejemplo el caso de Luis Enrique Ramos, de 29
años, y ejecutado por efectivos de las FAES el 24 de enero en Carora
después de que se le identificara como uno de los organizadores de las
protestas. Los agentes allanaron de forma ilegal su casa, «sometieron a
malos tratos a diez miembros de la familia», incluidos seis niños y
procedieron a fotografiar y golpear al joven.
Tras sacar a la familia de la vivienda, «dispararon a Luis
Enrique dos veces en el pecho», provocando su muerte inmediata, según
Amnistía. A continuación, según los testigos, los agentes de las FAES
«dispararon dentro de la casa para simular un enfrentamiento» y
arrastraron el cadáver, «violando así los protocolos mínimos de
investigación penal».
En lo que se refiere al uso excesivo de la fuerza, Amnistía tiene
constancia de los casos de dos jóvenes muertos y otro heridos por armas
de fuego a manos de las fuerzas de seguridad mientras participaban en las
protestas antigubernamentale. Según la ONG, tanto la PNB como
la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) participaron en estos
operativos.
Ensañamiento con los menores
Según el Foro Penal Venezolano, señala el informe de AI, las
autoridades detuvieron a 137 niños, niñas y adolescentes en todo el país
del 21 al 31 de enero. De esos casos, Amnistía Internacional documentó la
detención arbitraria de seis personas, entre ellas cuatro adolescentes que
participaban en una protesta, o simplemente la observaban de cerca, en la
ciudad de San Felipe el 23 de enero.
En entrevista con Amnistía Internacional, dijeron que, al detenerlos,
las autoridades los golpearon, los insultaron con calificativos de
«guarimberos» y «terroristas», los expusieron a sustancias irritantes,
privación del sueño, y los amenazaron de muerte. Según sus testimonios,
los funcionarios que los detuvieron pertenecían a varios cuerpos de
seguridad del Estado, e iban acompañados por personas vestidas de civil.