UNICEF Argentina/A. Sanguinetti
La evidencia muestra que las crisis económicas pueden profundizar la pobreza y empeo-
rar sus consecuencias para las niñas, niños y adolescentes: pueden llevarlos a abandonar
la escuela, a ingresar tempranamente al mercado laboral, a consumir menos alimentos y
de peor calidad, a ver restringido su acceso a los servicios de salud y/o a ser víctimas de
violencia, entre otros riesgos sociales significativos.
La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a asignar los recursos
materiales y económicos para garantizar el ejercicio de los derechos de la infancia y, en
tiempos de crisis económica, a adoptar medidas progresivas de protección. Asegurar el
cumplimiento de esos derechos no es solo una responsabilidad ética y legal, sino también
política y económica. Por esa razón, los tomadores de decisiones deben considerar el interés
superior de las niñas, niños y adolescentes a la hora de definir las políticas económicas y
sociales y de asignar y distribuir los recursos.
La respuesta de los Gobiernos nacional y provinciales frente a la situación económica pone
a prueba estos compromisos y los de la sociedad en su conjunto. En este sentido, la niñez y
la adolescencia deben ser protegidas de los efectos de la situación económica actual. En el
marco de la campaña electoral y la discusión sobre el presupuesto 2020 es urgente priori-
zar y fortalecer el financiamiento de la protección social y redoblar los esfuerzos en favor
de la infancia.