defensoras de derechos humanos y organizaciones y movimientos sociales” (punto 5.2 del Acuerdo de Paz).
No es un compromiso nuevo. Entre 2006 y 2007 se llevó a cabo un importante proceso en esa dirección entre el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales, con el acompañamiento
de las entidades estatales de control y la comunidad internacional oficial y privada. Se creó una “Instancia de Coordinación” que discutió y aprobó una “Ruta Metodológica” según la cual el
proceso se desarrollaría a partir de foros territoriales en cada departamento y en Bogotá, que definirían propuestas para ser aprobadas en un foro nacional. Se acordaron cinco ejes
temáticos con arreglo a siete criterios (entre ellos, la participación de un amplio número de sectores sociales —16 se alcanzaron a identificar).
Lamentablemente, el proceso se rompió debido al incesante asesinato de defensoras y defensores. Se creó entonces una Mesa Nacional de Garantías orientada a crear condiciones
favorables para continuar la concertación sobre el Plan Nacional. Al iniciarse la administración Santos, la Vicepresidencia convocó a una Conferencia Nacional de Derechos Humanos.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, junto con un importante grupo de embajadas y con Naciones Unidas, contribuyeron a que el evento fuera precedido por foros en todos los departamentos y en Bogotá. Participaron más de 17.000 personas y 8.500 organizaciones.
Produjeron así un documento de lineamientos de política pública en derechos humanos, entregado al presidente de la República el 10 de diciembre de 2013, y el Gobierno adoptó en 2014 una “Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034”.
El desarrollo de tal estrategia parece haber sido olvidado en el segundo período de este Gobierno. En todo caso, constituye un valioso punto de partida para retomar la Ruta Metodológica aprobada hace una década y adoptar el mencionado Plan.