hic et nunc en el país a través de la promulgación de decretos para afrontar la pandemia que, aunque han sido la mayoría productivas en cuanto a que los hospitales reciben EPP de manera constante a través de las Resoluciones 507 y 608 y que se busca ayudar a los sectores afectados, dan margen a procesos de corrupción y malversación de fondos en cuanto al flujo de capital que ha querido sobrellevar el gobierno para mantener la economía de las clases más afectadas por la crisis, es decir, la clase media-baja. Medidas como el Fondo de Mitigación de Emergencia, cambios en la materia de las pensiones, la exención del IVA y la implementación del TDS durante el Estado de Emergencia han buscado mantener activa la economía del país y a su vez ayudar a los más afectados por el paro de trabajo por las condiciones de cuarentena, sin embargo, se sigue viendo un descontento por parte del proletariado aún por encima de tan eficientes decisiones que manejan enormes cantidades de dinero capaz de satisfacer dichas quejas de los trabajadores, siendo que queda la duda en el aire de ¿En dónde se está invirtiendo esta plata? ¿Por qué se promulgaron estas medidas entonces? Fácil: populismo.
Todas las acciones del ejecutivo tienen una repercusión en el panorama nacional. En el marco de las medidas que se han visto impulsadas por el gobierno Duque (y en consecuencia por su partido en el parlamento), destaca un tema polémico, cuyo abordaje permite entender a que nos estamos enfrentando: la cadena perpetua para personas condenadas por delitos sexuales en contra de menores de edad. Un asunto bastante sensible para los actores estatales por las repercusiones en la moral y la ética, que se basa en las siguientes preguntas: ¿Merece volver a ver la luz de la libertad una persona que le arrebató la inocencia a un pobre ser indefenso y que inclusive acabó con su vida? ¿No era pues que los derechos de los niños están por encima de todos los demás? Para el pensamiento popular es un sí definitivo, pero remitiéndonos al ordenamiento jurídico y a la propia carta magna de la nación, esta rosa empieza a sacar sus espinas. Contra argumentando la posición popular, la irracionalidad de esta ley radica principalmente en la definición de nuestro país como un estado social de derecho. Este título no viene solo e implica una estructura de derechos los cuales no permiten que una persona pueda ser condenada a morir o a una cadena perpetua además de ello el costo de implementar la cadena perpetua en Colombia sumado con el hacinamiento carcelario que vive en nuestro país generaría unos costos son muy superiores a los que se tienen ahora para los presos más longevos de Colombia. Finalmente cabe resaltar que, en el planteamiento de esta ley, (que acordé a los expertos es un coloquial tiro por la culata), abre la posibilidad de que las condenas sean menores. Por más irónico que suene, el proyecto aprobado permite una revisión de condena a los 25 años, dónde si se añade rebajas por estudio y trabajo se puede llegar a una condena de apenas 16 años, cuando en el ordenamiento actual los condenados a estos delitos podían pedir una revisión solo al pasar 40 años adentro de una celda. ¿Dónde está el beneficio de la ley? ¿Por qué se aprobó entonces? Fácil: populismo.
Un viejo amigo de la política latinoamericana que se sirve de las polémicas y los medios de comunicación para lograr sus objetivos. Y el objetivo del gobierno, es deslegitimar a la corte. Se puede afirmar esto dado que al aprobarse una ley (reiterando el fuerte apoyo del gobierno a la misma) que va en contra de los principios constitucionales, la jurisdicción competente debe inhabilitarla ipso facto la sanción presidencial. Aquí entran en juego las artimañas del gobierno. Imaginando el titular “La corte a favor de los violadores de niños” se puede hacer un esbozo del huracán mediático. La gente encima de los magistrados. Todo el mundo indignado al no conocer los verdaderos motivos del gobierno. Duque enarbolando las banderas de la defensa de los niños y de la seguridad. La justicia empieza a asumir roles políticos sin que ella los pida. Se le reprochan decisiones necesarias como arbitrarias. Se utiliza la misma constitución que juraron defender un 7 de agosto para hundir a sus guardianes. Todo esto, altera el delicado teorema del equilibrio de poderes. ¿Hay acaso una pizca de salud en nuestra democracia?
Las palabras del presente
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