CUMPLIMENTO
Procesos de control legal apuntan
a empleados que no reportan
actividades sospechosas
H
e trabajado en antilavado de dinero
(ALD) durante más de una década y
rara vez encontré medidas públicas
tan interesantes como las dos publicadas
por la Autoridad Regulatoria de la Industria
Financiera (FINRA, por sus siglas en inglés)
en diciembre pasado. La mayoría de los
procedimientos de control legal que han sido
analizados dentro de la industria han sido
multas multimillonarias impuestas contra las
instituciones. Si bien éstos muestran claramente el impacto de las fallas ALD en las instituciones, no parecen tener el mismo impacto
que los dos que analizaremos en este artículo
— al menos no sobre el público general de
la capacitación ALD. En los procedimientos
de FINRA, dos empleados de una firma de
corretaje fueron multados y recibieron una
prohibición temporal de empleo en la industria de valores por no reportar actividades
sospechosas que habían descubierto relacionadas con un hombre condenado por dirigir
un multimillonario esquema Ponzi.
En diciembre de 2011, FINRA aceptó las
Cartas de Aceptación, Renuncia y Consentimiento (Letters of Acceptance, Waiver and
Consent, o AWCs, por sus siglas en inglés)
de Harold David Criswell y Timothy Edward
Dixon, en las cuales Criswell y Dixon aceptaron y consintieron, sin admitir ni negar
las conclusiones allí expuestas, las presentaciones de las conclusiones elaboradas por
FINRA y detalladas en las AWCs. Ambos
consintieron que habían violado la Regla de
Conducta 3011 (a) de la Asociación Nacional
de Corredores de Valores (National Association of Securities Dealers, o NASD, por
sus siglas en inglés), que obliga a los miembros de FINRA a implementar políticas
y procedimientos que puedan razonablemente detectar y generar el reporte de
transacciones requerido por la Ley de
Secreto Bancario y las regulaciones que
la implementan. La infracción a esta regla
también resultó en violaciones a la Regla
de Conducta 2110 de la NASD que establece
estándares de cumplimiento comercial y
principios de comercio. Criswell y Dixon
prestaron su consentimiento a las multas
y las suspensiones de poder asociarse con
cualquier miembro de FINRA de US$10.000
y 30 días y de US$15.000 y cuatro meses,
respectivamente.
Detalles de los casos
Ambos han estado en la industria de valores
durante más de una década: Criswell desde
1986, Dixon desde 1994. Ambos estaban
trabajando para la sucursal en Ohio de
Raymond James Financial Services, Inc.
(RJFS), Criswell era el gerente de la sucursal
y Dixon fue el representante inscripto
durante varios años.
El programa ALD de RJFS requería que los
empleados que identificaran “cualquier señal
de alerta u otra actividad que pudiera ser
sospechosa” “notifiquen al Oficial ALD”. El
manual de cumplimiento de RJFS requería
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