EMPRENDIMIENTO
en nuestra norma vigente, pero que sin embargo debido a la simulación laboral y a falta
de serias consecuencias ante esta son con frecuencia violados por algunos empleadores.
Ante las casi nulas consecuencias por la simulación laboral, la iniciativa presentada
propone endurecer las mismas proponiendo equiparar la simulación laboral a la
defraudación fiscal, e incluso a la delincuencia organizada toda vez que se configuran
simultáneamente prácticas ilegales en materia laboral, fiscal, de seguridad social y de
lavado de dinero, y es que con la norma actual la simulación laboral sanciona con 250 a
5000 días de salario mínimo, que en contraste con los beneficios derivados de estrategias
fiscales por cada operación resultan “pecata minuta”, tomando en cuenta la poca
inspección laboral tanto a nivel federal como estatal.
Mientras tanto también se suma el Ejecutivo Federal a esta importante tarea para cortar
de tajo los vicios arraigados en la subcontratación en México, y por fin suman esfuerzos
diferentes dependencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Servicio de Administración Tributaria
(SAT), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF),
ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objeto de combatir
y erradicar la simulación laboral implementando el Grupo Interinstitucional para combatir
la Subcontratación Ilegal.
Este Grupo Interinstitucional establece la diferencia entre la Subcontratación legal,
conceptualizándola como un servicio especializado que permite que los negocios se
dediquen a su actividad principal sin distraerse en actividades no propias de la empresa.
Y por otro lado la Subcontratación ilegal, definiéndola como aquella que traslada la
plantilla laboral a empresas intermediarias con el propósito de encubrir la relación laboral
a través de actos simulados para incumplir intencionalmente con las obligaciones
laborales y/o de seguridad social, afectando gravemente a los trabajadores y a sus
familias; fomentando la competencia desleal entre empresas, y mermando los ingresos
públicos para el financiamiento de la Seguridad Social.
20 Junio 2020