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En vista de la ausencia de garantías para obtener justicia por parte del Estado, las víctimas y los sobrevivientes de la UP recurrieron a instancias internacionales, llevando este genocidio a los organismos de control supremos, la Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este fue 9 de diciembre de 1993 por Aída Abella, una sindicalista que para entonces era la presidenta nacional de la UP llevando como pruebas un listado con todos los homicidios, desapariciones y amenazas.
Los peticionarios subrayaron, ante la comisión el compromiso adquirido por el Estado en cumplimiento los acuerdos de paz con las Farc: "El Gobierno de acuerdo con lo establecido en la Constitución, otorgará a la Unión Patriótica y a sus dirigentes, las garantía y seguridad indispensables para que puedan desarrollar, en forma idéntica a las demás agrupaciones políticas, su acción proselitista y electoral. El Gobierno hará caer todo el peso de la ley sobre el ciudadano o autoridad que conculque sus derechos, o niegue, eluda o desconozca las garantías de les corresponden". (Comisión Intereclesial, 2005).