RIESGOS EN ECUADOR Chakana-Revista-de-Análisis-de-la-Secretaría-Nacio | Page 5

distribuyendo responsabilidades.
En tal sentido, la Constitución
de la República estableció que el
Estado tiene la obligación de mi-
nimizar la vulnerabilidad de las
personas, las colectividades y la
naturaleza frente a los efectos ne-
gativos de los desastres de origen
natural o antrópico. Para lograr
este objetivo, se dispuso también
la conformación de un ‘Siste-
ma Nacional Descentralizado de
Gestión de Riesgos’ (Sndgr) cuya
rectoría recae actualmente en la
‘Secretaría de Gestión de Riesgos’
(SGR).
Este sistema opera en los ám-
bitos local, regional y nacional.
Está integrado por ‘unidades de
gestión de riesgo’ de las institu-
ciones públicas y privadas, por
entidades científicas que estudian
amenazas y vulnerabilidades; y
por mecanismos de coordinación.
Entre sus principales compe-
tencias se encuentran: identificar
los riesgos de origen natural o
antrópico; generar información
suficiente y oportuna, asegurar
la incorporación de la gestión de
riesgos en la planificación, forta-
lecer las capacidades ciudadanas
para identificar riesgos, articular
instituciones para la coordinación
de acciones de prevención y mi-
tigación de riesgos, garantizar el
financiamiento suficiente y opor-
tuno del sistema y coordinar la
cooperación internacional dirigida
a la gestión de riesgos.
A su vez, la Constitución de la
República definió que la gestión
de riesgos procederá siguiendo
el principio de ‘descentralización
subsidiaria’. Según este, las ins-
tituciones tienen responsabilidad
directa en sus ámbitos geográ-
ficos específicos. Sin embargo,
cuando los Gobiernos Autónomos
Descentralizados (GAD) no tienen
las capacidades suficientes para
gestionar los riesgos en sus terri-
torios, las instancias con mayor
ámbito territorial y mejor capaci-
dad técnico-financiera intervienen
en la gestión de riesgos brindán-
doles el apoyo necesario pero sin
relevarlas de su responsabilidad.
La gestión tiene
un enfoque integral
El ‘Plan Nacional del Buen
Vivir 2013-2017’ (PNBV) plantea
objetivos de desarrollo para todo
el país cuya realización presu-
pone incorporar a la gestión de
riesgos como un componente im-
prescindible de los procesos de
planificación que se realizan con
distintos horizontes temporales y
escalas espaciales.
A tal efecto, por ejemplo, para
poder alcanzar el objetivo relacio-
nado con el mejoramiento de la
calidad de vida de la población,
se plantea como política especí-
fica “garantizar la preservación y
protección del patrimonio cultural
y natural y de la ciudadanía ante
las amenazas y riesgos”. De esta
política, a su vez, se desprenden
lineamientos y estrategias para la
prevención, gestión y mitigación de
riesgos; para el ordenamiento terri-
torial orientado a reducir la vulne-
rabilidad de la población; y para la
generación de capacidades en los
distintos niveles de gobierno y sus
instituciones.
Para lograr el cumplimiento de
los doce objetivos del PNBV, se
estableció la ‘Estrategia Territorial
Nacional’ (ETN). Además de orien-
tar las decisiones de planificación
territorial en las entidades del go-
bierno central y en los GAD parro-
quiales, cantonales y provinciales,
este instrumento prioriza la reali-
zación de acciones relacionadas
con los asentamientos humanos, la
sustentabilidad ambiental, la trans-
formación productiva y el cierre de
brechas. Las intervenciones efec-
tuadas en estos ámbitos contribu-
yen a consolidar un enfoque integral
de la gestión de riesgos a través de
la implementación de criterios de
ordenamiento físico de los territo-
rios y sus recursos naturales, así
como, de la reubicación de asen-
tamientos humanos localizados en
zonas de riesgo no mitigable.
También la ‘Estrategia Nacional
para la Igualdad y Erradicación de la
Pobreza’ (Eniep) contempla el forta-
lecimiento de las capacidades para
la gestión de riesgos en los GAD
subnacionales, las comunidades
rurales y los vecindarios urbanos.
Esta opción tiene una importan-
te razón de ser: dada la distribución
asimétrica de recursos materia-
les y simbólicos entre los distintos
grupos sociales, la reducción de la
vulnerabilidad frente a los desastres
contribuye a la erradicación de las
desigualdades y la pobreza.
Positivo
Negativo
El país cuenta con
información adecuada
Durante los últimos ocho años,
se ha intensificado la generación
de información para la gestión de
riesgos mediante el fortalecimien-
to del Instituto Geográfico Militar
(IGM), el Instituto Geofísico de la
Politécnica Nacional (IGPN), el
Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrología (INAMHI), el Institu-
to Espacial Ecuatoriano (IEE), el
Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INEC) y las subsecreta-
rías de información de las entida-
des del Estado.
Para coordinar la difusión y
uso de la información disponible,
Senplades estableció el ‘Sistema
Nacional de Información’ (SNI). Su
objetivo es integrar sinérgicamen-
te a las entidades del Gobierno
Central y a los GAD para así dis-
poner de datos e información re-
levantes para los procesos de pla-
nificación del país y sus territorios.
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