Ensayos
LA PROPIA LEY
REFIERE UNA
PLATAFORMA
DIGITAL
Y LA CREACIÓN DE
INDICADORES PARA SABER CÓMO SE ESTÁ ACTUANDO EN DISTINTITOS
RUBROS, EN DISTINTAS ACCIONES
QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN TODO EL PAÍS.
ley que está aprobada en la Constitución para que la expida el Congreso de la Unión y en esa ley se va a poner qué le corresponde a la federación, que le corresponde a los estados y qué a los municipios, dependiendo del tema. Esta distribución de competencias, hasta hace muy pocos años, jamás la tenía en sus manos el Congreso de la Unión. En realidad esa distribución de competencias era una función constitucional, la propia Constitución era la que determinaba en ciertas materias qué le tocaba hacer a la federación, qué le tocaba hacer a la autoridad local. El sistema genérico de competencias corresponde al artículo 124 y se le llama Sistema Residual de Competencias. Lo que la Constitución no daba explícitamente a la federación se entendía reservado para los estados. Por necesidad muy justiicable en algunos casos y menos en otros se empezó a hacer una nueva forma de distribuir competencias; la dinámica de la vida social lo empezó a pedir y no era posible estar reformando esa distribución de competencias constitucional. La salida fue que dejara de ser el Congreso de la Unión el que distribuyera las competencias en ciertos temas a través de leyes generales. Sin embargo esto genera efectos importantes desde la perspectiva constitucional porque cada ley general hace una nueva distribución de competencias. En ocasiones en ciertas materias esta distribución puede dejar muy fuerte las atribuciones de la federación; en otras leyes generales puede estar muy restringida y son los gobiernos locales los que tienen una enorme amplitud en sus facultades o en otras tiene mucho juego la autoridad municipal, dependiendo del tema. Por lo tanto tenemos un problema importante con las leyes generales, cada una recrea un universo de competencias diferentes.
Después vendrá la coordinación ya no solo legislativa sino la de acción entre las autoridades y los diferentes órdenes de gobierno.
Un tema que me parece fundamental que recoge la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción es el relativo a la información. La lucha contra la corrupción requiere ser oxigenada, ser pública y conocida. Si esa lucha es obscura y se desconoce va por un mal camino. Parte de la lucha contra la corrupción es su visibilidad, por eso la propia ley establece distintas facultades del Comité Coordinador, alguna del Comité de Participación Ciudadana. Facultades que tiene que ver con la creación de plataformas, la creación de mecanismos para contar con información necesaria para seguir tomando las decisiones que hagan falta. Estamos hablando de información delicada, de muchas instituciones del país y de diferentes órdenes de gobierno. Se habla también en la propia Ley de una plataforma digital y de la creación de indicadores para saber cómo se está actuando en distintitos rubros, en distintas acciones que se están llevando a cabo en todo el país.
Un reto fundamental va a ser la asesoría a las distintas autoridades y la capacitación. Estamos cambiando el peril de muchos servidores públicos. En la raíz de todo esto hay un cambio del paradigma, de cómo entendemos al servidor público. Si esto los multiplicamos por todas las instituciones involucradas que se van a tocar en todo el país estamos hablando de un esfuerzo monumental.
La difusión es otro reto increíble porque la ciudadanía, la sociedad, participa en estas nuevas normas. La sociedad debe estar activa; la sociedad tiene que ver, la sociedad tiene que evaluar, incluso en algunas partes es la que evalúa. Para ello tiene que conocer muy bien todo lo que estamos hablando; debe conocer el sistema y cuál es la información que se va a cargar.
Como dije, hay un cambio de percepción del servicio público. Una idea generalizada de lo que era el funcionario público, que todavía está muy difundida en nuestra sociedad, lo ve como un ciudadano que se ostenta como autoridad; que está empoderado y lleva a cabo funciones, pero ante un enorme desconocimiento de la sociedad de cuáles sus facultades, sus obligaciones. La verdad es que hay que saberlo con mucha precisión para una interacción democrática. Además esa percepción genera espacios de impunidad, El nuevo SNA busca un cambio de esa percepción: ya no es el funcionario sino un auténtico servidor. Es un servicio público el que cada uno de los miembros está llevando a cabo, una función pública, que está utilizando recursos públicos. El servidor público debe dejar cla-
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Ángulos, generando tendencias, núm. 8, dic. 2016