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comenzar una nueva vida se ve obstaculizada por la estigmatización y el poco apoyo que​ ​ las empresas
ofrecen a quienes poseen antecedentes penales, dificultando su acceso a​ ​ un empleo digno que les permita
dar vuelta la página.
Pese a que el Ministerio del Interior ha realizado varios esfuerzos para otorgar mayores​ ​ derechos a los ex
internos, la falta de recursos persiste y consiste un factor clave para​ ​ aumentar la recurrencia criminal.
El ministro Eduardo Bonomi enfatizó la importancia de incorporar el trabajo y estudio en​ ​ las cárceles para
avanzar en la rehabilitación. Con ese objetivo, se firmó en el 2015 un​ ​ acuerdo con la Dirección Nacional de
Apoyo al Liberado, a través del cual se estudiarán​ ​ posibilidades de reinserción laboral y social para quienes
salen de la cárcel. Si bien está​ ​ comprobado que el empleo es vital para evitar el crimen, los medios no son
suficientes​ ​ para colaborar con el gran número de reclusos en libertad.
Cuando en el año 2014 el presidente Tabaré Vázquez trazó la meta de bajar 30% las​ ​ rapiñas, el Ministerio
del Interior resolvió destinar especial atención a quienes son​ ​ liberados de las prisiones, con el objetivo de
reducir los altos índices de reincidencia​ ​ En aquel momento, Patricia Peralta, directora del Patronato
Nacional de Encarcelados y
Liberados, declaró que Eduardo Bonomi les pidió reforzar especialmente el trabajo hacia​ ​ las personas
liberadas para lograr una mayor inserción en la sociedad. El Ministerio​ ​ reforzó los fondos de la oficina para
cumplir tal fin.​ ​ No obstante, los recursos no son​ ​ suficientes y el sector presenta carencias de dinero y
personal para atender la temática.​ ​ En el año 2015, se realizó un seguimiento laboral de mil ex reclusos, una
cifra que​ ​ representa tan sólo el 10% de los liberados en el país.
Dos años atrás, el Patronato fue sustituído por la Dirección Nacional del Apoyo al​ ​ Liberado (Dinali), siguiendo
la misma misión. La Licenciada en Recursos Humanos​ ​ Verónica Larrosa desempeña su labor en el área de
capacitación de la oficina de Dinali en​ ​ San José.
“​ No se puede negar que se están gestionando muchos cambios. Lo primordial es​ ​ reconocer que el 70% de
los reclusos son reincidentes, y que la ayuda que se le​ ​ proporcione a esas personas una vez fuera de los
centros penitenciarios hace la​ ​ diferencia. Los internos egresan en condiciones de extrema vulnerabilidad. La
acogida por​ ​ parte de la sociedad resulta hostil y los deseos de cerrar el capítulo criminal no se pueden
concretar sin un trabajo que permita al ex preso desarrollar una nueva vida”, resalta.
Además, se firmaron convenios con el Correo, OSE, la Administración Nacional de​ ​ Puertos y las
Intendencias. “El país necesitaba un ente a cargo de las personas liberadas.​ ​ Dinali tiene su sede en
Montevideo y filiales en la mayoría de los departamentos que estamos en permanente actividad para
afrontar el momento de la salida de la cárcel y​ ​ transcurrir el proceso de adaptación junto al ex convicto.
Por supuesto que eso no sería​ ​ posible sin la labor del Instituto Nacional de rehabilitación. De hecho,
valoramos mucho el​ ​ impacto de los cursos a través del Instituto de Empleo y Formación Profesional (Inefop),
que capacitan a los internos para luego facilitar el ingreso al mercado laboral”, añade​ ​ Larrosa.
Según cifras detalladas por el gobierno a finales de 2013, del INR dependen 7.789​ ​ privados de libertad, y en
las cárceles del interior que no pertenecen a dicho instituto hay​ ​ 1.810 reclusos. De ese total, 5.726
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