se ha venido expandiendo a nivel mundial, aportando acciones más amables
con el medio ambiente, buscando crear una cultura conservacionista por parte
de las organizaciones, con la finalidad de lograr un mundo mejor.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999):
establece, en su artículo 107, como “obligatoria en los niveles y las
modalidades del sistema educativo, así como también en la educación
ciudadana no formal”; sin embargo, aún los frutos cognitivos como los
concienciadores de la educación ambiental no se han expandido ni recogido
debido a las resistencias encontradas en un país cuyas explotaciones mineras
y petroleras no sólo le han servido para sustentar su aparato productivo, sino
para fortalecer una cultura consumista alejada de accionar las políticas
públicas garantes de una efectiva gestión ambiental en pro de la conservación,
la defensa, como también mantenimiento del ambiente, en cualesquiera de los
estratos gubernamentales.
En la nación, después de la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, se
crearon un conjunto de leyes en pro del ambiente, siendo necesario conocer
una serie de instancias para manejarlo, mientras que la solución de la
problemática ambiental fue considerada como una política de estado, por
ende, se le otorgó mayor jerarquía a las autoridades ambientales dentro de la
administración pública, pero se descuidó la formación y sensibilización
ambiental de quienes gerencian en los organismos nacionales, estadales y
locales que administran el ambiente, así como a muchos de los educadores
encargados de impartir esa disciplina.
En consecuencia, muchos de esos trabajadores no se encuentran
identificados con las funciones que ejercen, sólo laboran por la necesidad de
obtener un sueldo mensual para sobrevivir. Actúan, por tanto, más como
técnicos en la materia que como personas sensibles frente a la problemática
ambiental e identificadas con la conservación, la preservación de la naturaleza
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Arbitrado
fomentar conciencia ambiental con sus prácticas corporativas, esta tendencia