Revista Pesca marzo 2019 REVISTA PESCA MARZO 2019 | Page 68

“La revisión cronológica de los antecedentes anterior-
mente expuestos permite dar cuenta que el estado críti-
co en que, de un tiempo a esta parte, se encuentran di-
versas pesquerías, incluidas entre ellas la de la anchove-
ta y la de la merluza común, no cabe ser atribuido al
efecto de una legislación en particular. En efecto, ello
constituye una consecuencia que obedece a un proceso
de varias décadas de depredación desmesurada de los
recursos pesqueros, afincada en un paradigma de fo-
mento irrestricto impulsado primariamente por el Estado
y perpetuado por éste, replicándose discursivamente en
los distintos períodos políticos, tanto por actores públicos
como privados. Desde antiguo, este camino ha estado
marcado por verdaderos privilegios que han favorecido
con especial énfasis al sector pesquero industrial con
respecto al artesanal, muchos de ellos prorrogándose
mucho más del tiempo en que originalmente estaban
destinados a regir, lo que se ha transformado en una
práctica naturalizada en el sector. Así las cosas, temas
como la promoción del consumo humano de productos
del mar o la discusión sobre la necesidad de una institu-
cionalidad pesquera más robusta y coordinadora de acti-
vidades relacionadas con el ámbito marítimo han queda-
do relegados a un segundo plano, tanto a nivel político
como regulatorio.
Es por esta razón, que consideramos que un primer paso
en la dirección correcta consiste en abandonar esta lógi-
ca de fomento irrestricto y realizar un planteamiento que
se adecúe a la realidad actual, donde la prioridad de la
política pública en materia pesquera esté enfocada, por
una parte, en recuperar la salud de las pesquerías y los
ecosistemas marinos, de tal manera que la pesca pueda
seguir existiendo como actividad económica y, a la vez,
como pilar de sustento de miles de personas que traba-
jan en este sector productivo; y, por otra, en fomentar el
consumo humano directo de pescado, disminuyendo la
captura de peces destinados a reducción para harina y
aceite de pescado.
En conexión con lo anterior, resulta necesario que el Es-
tado de Chile asuma un rol protagónico en la administra-
ción y manejo de los recursos pesqueros, recuperando
potestades de intervención al momento de tomar deci-
siones relativas al aprovechamiento de dichos recursos.
Por lo tanto, consideramos que debe cambiar el rol del
Estado en este aspecto, y a través de la elaboración e
implementación de políticas públicas relacionadas al ám-
bito marino-pesquero, las que se encuentren asociadas a
un financiamiento adecuado, se produzca un fortaleci-
miento de diferentes áreas estratégicas del país como la
educación; la institucionalidad; investigación y fiscaliza-
ción, entre otras. Sobre la base de lo anterior, es posible
formular las siguientes recomendaciones:”
El documento que menciona el extracto anterior transcri-
to puede descargarse en el siguiente link y resulta de
contenido interesante para quienes analizan la situación
de la pesquería en Chile, que siempre ha tenido una si-
militud importante con la de Perú:
http://www.aqua.cl/wp-content/uploads/
sites/3/2019/01/Documento-La-Regulaci%C3%B3n-
Pesquera-final.pdf
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Estamos lejos de una noción de soberanía alimentaria. Dicha noción se entiende como el derecho de
los pueblos a alimentarse en correspondencia con sus especificidades sociales, económicas, ambientales y
culturales. Dentro de un concepto de perspectiva holística del sistema alimentario, donde el alimento sea
disponible y autosuficiente. Es decir con posibilidades de su compra en mercados justos, con calidad y can-
tidad de alimentos sanos y libres de todo tipo de contaminaciones.
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La soberanía alimentaria supone un cuidado sostenible de los recursos naturales.
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El potencial pesquero que Perú posee por sus posibilidades de extracción del recurso anchoveta y
pota, lo coloca en una posición privilegiada dentro del contexto mundial.
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