Revista Juridica Colex mayo abogados-abril-2018 | Page 14

INFRACCIÓN DE LA LOPD
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IN
INFRAC
Sobre el principio de culpabilidad y su aplicación en el
procedimiento administrativo sancionador
La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Publico, en su Art. 28 (apdo. 1) que:
«Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así
como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad
jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa»
La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en línea con la del Tribunal Constitucional, ha establecido que la potestad sancionadora de la
Administración, en tanto que manifestación del “ius puniendi” del Estado, se rige por los principios del Derecho penal, siendo principio estructural
básico el de culpabilidad, incompatible con un régimen de responsabilidad objetiva, sin culpa. Este denominado “principio de culpabilidad”,
se encontraba anteriormente previsto en el artículo 130.1 de la derogada Ley 30/1992 disponía que “solo pueden ser sancionadas por hechos
constitutivos de infracción administrativa los responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia”.
Así, reiterada jurisprudencia – analizando la literalidad de la norma- descartaba que el artículo citado Art. 130 estableciese una responsabilidad
meramente objetiva. Así, la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 12 de diciembre de 1995, 14 de mayo de 1999, etc) y la doctrina
del Tribunal Constitucional atendiendo a la aplicación de los principios penales al ámbito administrativo sancionador señalaron que esta
“ simple inobservancia” no podía ser entendida como la admisión en el derecho administrativo sancionador de la responsabilidad objetiva, pues se
requiere la existencia de dolo o culpa, ya que los principios del ámbito del derecho penal son -con ciertos matices- aplicables, aplicables al ámbito
administrativo sancionador .
Esta exigencia de culpabilidad en el ámbito de los ilícitos administrativos ha sido reiterada hasta la saciedad por la jurisprudencia del Tribunal
Supremo. Así, las SSTS de 12 (rec. 388/1994) y 19 de mayo de 1998, Sección Sexta, afirman que en el ámbito sancionador «está vedado cualquier
intento de construir una responsabilidad objetiva» y que «en el ámbito de la responsabilidad administrativa no basta con que la conducta sea
antijurídica y típica, sino que también es necesario que sea culpable, esto es, consecuencia de una acción u omisión imputable a su autor por
malicia o imprudencia, negligencia o ignorancia inexcusable (...) es decir, como exigencia derivada del artículo 25.1 de la Constitución, nadie puede ser
condenado o sancionado sino por hechos que le puedan ser imputados a título de dolo o culpa (principio de culpabilidad)».