Voces que denuncian
Por su parte, Plataformas de Derechos Humanos y coaliciones de or-
ganizaciones sociales proponen construir una Ruta para exigir la im-
plementación de la Resolución 1190 del 3 de agosto de 2018 [1], que es
un Protocolo que coordina acciones de respeto y garantía a la protes-
ta, como un ejercicio legítimo en el marco de los derechos fundamen-
tales, lo que evita los desmanes de las Fuerzas Armadas y el trato de
guerra que le dan a la protesta social.
El jurista Rodrigo Uprimny, respecto al Proyecto de Ley propuesto por
el Gobierno, plantea:
“El uso del derecho penal frente a la protesta social encarna riesgos
diversos en distintos niveles; por un lado, podemos encontrar peli-
gros derivados de la ley penal misma y, se presentan riesgos por el
uso abusivo del derecho penal a través de la aplicación de tipos pena-
les que en sí mismos no resultan problemáticos, pero que se instru-
mentalizan para reprimir ilegítimamente la protesta social.
Además, en este escenario se materializan los riesgos que se dan en
el nivel de la tipificación, bien porque se aplican normas que penali-
zan conductas no sancionables, o porque se aplican tipos indetermi-
nados” [2].
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[1] Resolución 1190 / 2018. https://dacn.mininterior.gov.co/sites/default/files/resol-1190-18-
adopta_protocolo_protesta_pacifica.pdf
[2] ¿Es legítima la criminalización de la protesta social?; Derecho penal y protesta social, Rodrigo
Uprimny y Luz María Sánchez Duque; Pág. 49.
DEBATES del CONFLICTO
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