la prensa o las autoridades a estos crímenes, muchos de ellos entendidos como “crímenes pasionales” o “líos de faldas”. Nada más alejado de esto. De lo que se habla es de violencia por prejuicio. El concepto de “violencia por prejuicio” hace referencia a aquella violencia que se ejerce en contra de ciertas personas “por ser lo que son” , es decir, por su pertenencia, real o percibida, a un determinado grupo social.
Además del prejuicio por orientación, sexual e identidad de género, esta también se puede ejercer por prejuicios relacionados con la raza, la etnia, la clase, la calidad de migrante, la condición de discapacidad y la ideología política, entre otras.
Entre otros, algunos criterios que permiten identificar cuándo un acto concreto de violencia podría estar motivado por el prejuicio, pueden ser si la orientación sexual o identidad de género de la víctima era visible o conocida públicamente; si su expresión de género no se ajusta a los parámetros sociales acerca de cómo debe verse un hombre o una mujer; si era defensor o defensora de derechos humanos; si el victimario usó lenguaje de prejuicio antes, durante o después del asesinato; si el incidente ocurrió en o cerca de un día, evento, lugar de reunión o edificio comúnmente asociado a la población LGBT; si el crimen se perpetró con sevicia o ensañamiento; si estuvo acompañado de violencia sexual,
tortura o tratos crueles.
Los discursos de odio promovidos por los grupos anti-derechos, así como los votos que movilizan, encontraron asidero en la política de varios países de la región, y la presión política ejercida por estos grupos, quienes usan el chantaje de restar votos a quienes defiendan las banderas de la equidad y la igualdad, ha mermado el compromiso de varios Estados de la región con los derechos de mujeres y personas LGBT.
Además, estos discursos legitiman a quienes buscan eliminar la existencia de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex, y por ello, detener la violencia por prejuicio implicará erradicar el uso de la discriminación como una bandera política, y que los Estados y toda la sociedad, defienda el deber de construir una sociedad más democrática, justa y libre de violencias.